Este domingo 6 de septiembre, miles de personas y más de 350 entidades de protección animal se movilizan en 38 concentraciones simultáneas por toda España bajo el lema "Los gatos tienen ley".
No protestan para exigir nuevas leyes ni redactar borradores, sino por algo mucho más básico: la aplicación real de una norma que ya está en vigor.
A más de tres años de la aprobación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la brecha entre la teoría legislativa y la realidad de los municipios sigue siendo alarmante.
Mientras el texto legal trasladó a los ayuntamientos la responsabilidad plena sobre los gatos comunitarios, el día a día demuestra que son el voluntariado y los colectivos locales quienes continúan sosteniendo a pulmón un sistema que debería ser público.
La realidad en las calles
La situación de las colonias felinas en gran parte de la geografía española es crítica. La ausencia de un control poblacional sistemático y financiado genera un ciclo ininterrumpido de reproducción indeseada, proliferación de enfermedades y abandono de camadas.
Los gatos comunitarios no son animales de compañía convencionales; forman parte del entorno urbano y rural, y sin una gestión ética adecuada sufren atropellos, envenenamientos, malnutrición y enfrentamientos territoriales.
Hasta ahora, esta problemática ha sido contenida casi en exclusiva por las gestoras de colonias: personas voluntarias —mayoritariamente mujeres— que dedican su tiempo libre y recursos económicos personales a comprar pienso, capturar animales de madrugada para llevarlos al veterinario y pagar de su bolsillo facturas médicas inasumibles.
Esta dinámica no solo genera un desgaste financiero y psicológico extremo en las cuidadoras, sino que a menudo las expone al acoso vecinal, impedimentos administrativos o multas injustificadas por el simple hecho de alimentar animales desprotegidos.
Una aplicación urgente
La Ley 7/2023 cambió las reglas del juego. En sus artículos 38 a 42, desvinculó la protección animal de la caridad privada y la convirtió en una obligación pública institucional.
Los consistorios deben asumir y financiar la Captura, Esterilización y Retorno (CER). Esto implica esterilización quirúrgica, marcaje (corte en la oreja), identificación mediante microchip a nombre del municipio, desparasitación y vacunación obligatoria.
Los ayuntamientos tienen el deber de censar las colonias y expedir carnés autorizados para blindar legalmente el trabajo de las gestoras.
Además, queda prohibido el uso del sacrificio o las recogidas masivas como herramientas de control poblacional, así como los traslados no justificados por motivos graves de salud pública. Por eso, se exige asignar partidas económicas estables para la gestión ética de colonias felinas.
Más allá del bienestar animal
La aplicación rigurosa de la ley no responde únicamente a criterios de empatía o bienestar animal; es una necesidad urgente de salud pública, gestión presupuestaria y convivencia ciudadana.
El método CER es el único mecanismo demostrado científicamente para estabilizar y reducir paulatinamente el número de gatos en las calles. Los antiguos métodos de exterminio o retirada masiva generaban un "efecto vacío" que atraía a nuevos animales sin esterilizar.
Las colonias controladas, desparasitadas y alimentadas exclusivamente con pienso seco eliminan malos olores, reducen las peleas nocturnas por celo o territorio y evitan la presencia de plagas.
Es imprescindible dotar de respaldo institucional al voluntariado, erradicando la criminalización de personas que realizan un servicio comunitario que le corresponde ejecutar a la Administración.
El cuello de botella municipal
Pese al mandato legal, gran parte de los municipios siguen ignorando sus competencias alegando falta de presupuesto, escasez de personal o simple desinterés político.
La movilización de este domingo busca visibilizar que una ley sin partida presupuestaria ni voluntad de cumplimiento no es más que papel mojado.
El mensaje de las calles hacia alcaldes y concejales es claro: la protección y gestión ética de los gatos comunitarios ya no es una opción estética; es una obligación legal e ineludible.