Chile marca un hito histórico que todo el mundo tiene que celebrar: por fin se prohíben las carreras de perros en todo el territorio nacional. La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha marcado un punto de inflexión en la legislación de protección animal.
La medida salió adelante con 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, mientras que la propuesta alternativa que pretendía regular y legalizar esta práctica fue rechazada y archivada definitivamente por el hemiciclo.
Lo que era solo un proyecto de ley fue aprobado definitivamente, incluyendo multas y sanciones para quienes sigan ejerciendo esa práctica.
Este hito no solo reabre el debate sobre el límite entre las tradiciones rurales y el bienestar animal en Sudamérica, sino que pone de manifiesto la creciente brecha regulatoria entre el modelo prohibicionista que empieza a consolidar el país chileno y el marco legislativo vigente en España.
El alcance de la reforma
La iniciativa legal modifica la actual legislación sobre tenencia responsable para erradicar por completo estas competencias del territorio nacional.
La propuesta tipifica como delito la organización, celebración y participación en carreras de perros de cualquier raza, castigando a los infractores con penas de presidio menor e inhabilidad perpetua para la tenencia de animales.
A nivel económico, el texto fija sanciones administrativas que oscilan entre las 20 y las 40 Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale aproximadamente a un rango de entre 1.350 y 2.700 euros.
Al rechazar de forma categórica la opción de la regulación, la Cámara Baja chilena determinó que el uso competitivo de estos canes constituye una forma intrínseca de explotación asociada de manera sistemática a problemas colaterales como las apuestas ilegales, el dopaje y el abandono.
El texto ha regresado a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión en particular antes de continuar su tramitación en el Senado.
Dos modelos opuestos
El avance parlamentario en Chile contrasta de manera directa con la situación legislativa en España, un país donde la utilización deportiva y cinegética de los canes mantiene un fuerte arraigo institucional y pleno amparo legal.
Mientras que la futura norma chilena apuesta por una prohibición absoluta y la persecución penal de las carreras, en el territorio español estas competencias continúan siendo una actividad plenamente legal, regulada y federada.
La diferencia sustancial radica en el alcance de la protección. Chile integra a estos animales dentro del marco general de tenencia responsable, mientras que la reciente Ley estatal de Bienestar Animal en España no.
Con la ley 7/2023 se siguen excluyendo de forma explícita de su ámbito de protección a los perros utilizados en actividades cinegéticas, deportivas y de trabajo, manteniendo una normativa diferenciada según el uso económico o recreativo del animal.
El ejemplo chileno en el debate político español
Para el Partido Animalista PACMA y diversas protectoras españolas, el caso chileno se ha convertido en un argumento político central para exigir cambios legislativos en Europa.
Desde el colectivo proteccionista se denuncia que tanto las carreras como la caza con galgo en España someten a los perros a ciclos de cría masiva, entrenamientos lesivos y un alto índice de abandono al término de su vida útil.
La postura de las entidades hispanas sostiene que la exclusión de los perros de caza en la ley española respondió a presiones de los sectores rural y cinegético, por lo que utilizan el avance en Santiago de Chile como prueba de que es posible legislar sin concesiones a la regulación de actividades que consideran incompatibles con el bienestar animal.