La Asamblea de Madrid ha aprobado la primera Ley de Caza y Pesca propia de la región. Impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y respaldada por Vox, la norma nace con la promesa de "modernizar" un sector que gestiona el 72% del territorio madrileño y de proteger a los agricultores frente a las plagas.
Sin embargo, la ley ha levantado una auténtica tormenta política y social: colectivos ecologistas, vecinales y la oposición la tachan de "retroceso histórico", denunciando que permitirá cazar más especies, durante todo el año y mediante métodos que califican de "crueles".
Tecnología y métodos cuestionados
Uno de los flancos que más ampollas ha levantado entre las asociaciones conservacionistas es la flexibilización de ciertas prácticas de captura y remate.
La ley ampara modalidades como la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, donde se utiliza a un ave viva (atada o enjaulada) para atraer a sus congéneres hacia la línea de fuego.
Bajo el paraguas de los nuevos "Planes de Control Poblacional", se abre la puerta al uso de tecnología nocturna y dispositivos térmicos. Para los detractores, esto rompe el principio ético de la "persecución justa" y deja a las especies sin escapatoria ni descanso regulado.
Para evitar accidentes entre cazadores, la norma prohíbe disparar a una pieza que ya está siendo agarrada por los perros de la rehala. En su lugar, obliga a rematar al animal herido con arma blanca, una estampa que la oposición califica de "salvaje" y "anacrónica".
Más especies en el punto de mira
La nueva lista de especies catalogadas como cazables en la Comunidad de Madrid se amplía significativamente. La gran controversia gira en torno a la inclusión de diversas aves de humedal (como gansos, ánades o agachadizas).
Mientras el sector cinegético ve en esto una homologación con otras comunidades, los biólogos advierten que varias de estas poblaciones de aves silvestres se encuentran en declive a nivel peninsular y que la presión cinegética podría agravar su situación.
¿Caza los 365 días del año?
Hasta ahora, los periodos de veda (los meses en los que está prohibido cazar para permitir la reproducción y cría de la fauna) se respetaban de forma estricta.
La nueva ley introduce un mecanismo de "declaración responsable" y flexibiliza los permisos para combatir la sobrepoblación de especies como el jabalí o el conejo, acusados de destrozar cultivos y provocar accidentes de tráfico.
La oposición (Más Madrid y PSOE) denuncia que, en la práctica, esto se traducirá en la posibilidad de abrir fuego en los montes "los 365 días del año", eliminando la tregua biológica y aumentando el riesgo para senderistas y ciclistas que comparten el medio natural.
El choque con el bienestar animal
El despliegue de los perros de rehala es otro de los puntos de fricción. La normativa permite concentrar una densidad de entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas durante las monterías, lo que puede suponer batidas con cientos de canes a la vez.
Plataformas como Madrid Sin Caza denuncian que la ley blinda a estos animales como meras "herramientas de trabajo", dejándolos fuera de las protecciones contra el maltrato de las leyes de bienestar animal ordinarias.
La postura del Gobierno Regional
Frente al aluvión de críticas, el Ejecutivo autonómico defiende que la ley responde a una "demanda histórica" de un sector que genera empleo en el ámbito rural.
Aseguran que no se busca la crueldad, sino herramientas eficaces y seguras para una gestión ambiental sostenible, ordenando el territorio (se fija un tamaño mínimo de 250 hectáreas para los cotos) y combatiendo los daños millonarios que el exceso de fauna provoca en la agricultura madrileña.
El texto ya es una realidad legislativa, pero el conflicto está lejos de cerrarse. Con los ecologistas anunciando batallas legales y la oposición prometiendo revertirla en el futuro, los montes de Madrid se preparan para una nueva etapa donde la convivencia entre la escopeta, la azada y la bota de montaña será, más que nunca, un equilibrio difícil de mantener.