El modelo de gestión de los servicios de recogida y acogida de animales abandonados en Valencia ha cambiado de rumbo de forma definitiva.
Tras la resolución de los últimos recursos administrativos que mantenían el proceso paralizado, el Ayuntamiento de Valencia ha formalizado la adjudicación del contrato de gestión de sus dos centros municipales (Benimàmet y Natzaret) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Athisa Medioambiente y Adda Ops.
La resolución de este concurso público marca un punto de inflexión institucional: el servicio abandona el modelo tradicional de gestión delegada en asociaciones proteccionistas sin ánimo de lucro y pasa a manos de una corporación privada cuya actividad histórica principal está vinculada a la sanidad ambiental, la desinfección y el control de plagas urbanas.
Con una dotación presupuestaria que asciende a 5 millones de euros y una vigencia que se extiende hasta el año 2029, el nuevo contrato se convierte en uno de los más ambiciosos y controvertidos de la Concejalía de Bienestar Animal.
Profesionalización frente a la Ley de Bienestar Animal
Desde la perspectiva técnica y municipal, el notable incremento del presupuesto (que multiplica las cuantías asignadas en años anteriores) responde a la necesidad de adaptar las instalaciones de Valencia a las exigencias de la Ley de Bienestar Animal estatal.
El nuevo pliego de condiciones obliga a la adjudicataria a garantizar un servicio de recogida de animales de 24 horas, asistencia veterinaria hospitalaria completa y un equipo técnico profesionalizado a tiempo completo.
El consistorio defiende que la entrada de una gran corporación privada aporta la solvencia financiera, la capacidad de gestión y la infraestructura logística necesarias para asumir la titularidad de unos centros que arrastran graves deficiencias estructurales.
De hecho, el acuerdo contempla un plan de inversiones económicas destinadas a reformar y modernizar las obsoletas instalaciones del refugio de Benimàmet, un espacio duramente afectado por problemas históricos de habitabilidad e inundaciones.
El laberinto legal del voluntariado corporativo
Uno de los puntos más complejos y que mayor debate social está generando es el encaje de la participación ciudadana dentro del nuevo modelo de gestión privada.
A diferencia de las entidades sin ánimo de lucro, las empresas privadas con fines comerciales encuentran severas restricciones en la legislación laboral española respecto al uso de mano de obra voluntaria.
Según la normativa de la Inspección de Trabajo y la Ley del Voluntariado, una sociedad mercantil no puede emplear de forma ordinaria a personal no remunerado para realizar las tareas habituales de la actividad contratada (como la limpieza de jaulas, alimentación o paseo de los animales), ya que podría incurrir en sanciones por destrucción de empleo o fraude laboral.
Este imperativo legal altera de forma drástica el ecosistema social que rodeaba a los refugios de Valencia, donde cientos de ciudadanos colaboraban semanalmente de forma altruista en la socialización de los animales.
El Ayuntamiento se enfrenta ahora al reto de diseñar programas alternativos de concienciación y adopción que no vulneren el marco laboral vigente.
Un debate de fondo
La adjudicación ha reabierto un debate estructural que afecta a municipios de toda España: la conveniencia de gestionar los centros de recogida bajo una lógica de protección animal asociativa o mediante la externalización a corporaciones de servicios ambientales.
Los defensores de la gestión corporativa señalan que estas empresas ofrecen una mayor eficiencia administrativa, los protocolos sanitarios rigurosos y una respuesta técnica inmediata ante problemas de salud pública.
Pero, los sectores animalistas y los partidos de la oposición (como Compromís y PACMA) alertan sobre los riesgos de deshumanización del servicio.
Colectivos de defensa animal recuerdan que la adjudicataria cuenta con antecedentes de quejas y expedientes por desatención en otras perreras municipales del territorio nacional, argumentando que una empresa de control de plagas carece de la sensibilidad inherente al activismo por el bienestar animal.
Con la entrega de llaves de las instalaciones ya consumada, el nuevo modelo arranca bajo una intensa lupa pública y política. La evolución de las cifras de adopción, la calidad de la atención veterinaria y el estado definitivo de las reformas en Benimàmet determinarán el éxito o el fracaso de una de las privatizaciones más polémicas de la legislatura en Valencia.