En incendios, inundaciones o catástrofes, los balances oficiales cuentan víctimas humanas, hectáreas calcinadas o casas arrasadas. Pero casi nunca incluyen a los animales, convirtiéndolos en víctimas invisibles.
Esa ceguera estadística no solo oculta la magnitud del daño, también empuja a familias y voluntarios a improvisar rescates, asumiendo riesgos letales.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales es tajante: "Los planes de Protección Civil contendrán medidas de protección de los animales, adecuadas a las disposiciones de esta ley (artículo 21)".
"No es una recomendación, es una obligación legal. Sin embargo, apenas se aplica", afirma Eloi Sarrió, abogado director en Aboganimal, en una entrevista con Mascotario.
Solo Canarias ha actualizado sus protocolos conforme a la norma; el resto de comunidades autónomas no lo ha hecho y ningún ayuntamiento ha adaptado sus planes de Protección Civil.
"En una emergencia, quienes convivimos con animales los consideramos familia. Si la Administración no ofrece un plan, muchas personas no querrán irse sin ellos, o volverán arriesgando sus vidas", explica el abogado.
La cifra negra
Municipios y CCAA deben contemplar inventarios, evacuación y alojamiento temporal, coordinación con veterinarios, voluntariado acreditado y comunicación pública específica para animales, teniendo en cuenta la fase de postincendio o postinundación.
Sin embargo, la realidad es que se registran fallecidos, heridos y daños materiales, pero rara vez el número de animales domésticos, silvestres o de granja afectados. Esta ausencia en los balances reduce prioridad, presupuesto y logística para atenderlos.
La llamada "literatura de emergencias" resume el fenómeno bajo un concepto inquietante: las víctimas invisibles. Si no se cuentan, no existen.
"Y lo más grave: no se conocen ayuntamientos que tengan sus Planes de Protección Civil acomodados a la nueva normativa de la Ley 7/23".
Cuando falta el protocolo
La tragedia de Mircea Spiridon, vecino de 50 años que murió intentando liberar caballos atrapados en el incendio ocurrido recientemente en Tres Cantos, ilustra lo que ocurre cuando la Administración llega tarde: la ciudadanía suple con valor lo que debería organizarse oficialmente.
Lo mismo sucedió tras la dana de octubre de 2024, que dejó un balance humano devastador y un impacto masivo en animales: se desconoce, una vez más, su número.
La Generalitat Valenciana retiró 2.950 cadáveres de animales de granja, pero no se conoce el número de mascotas, gatos comunitarios o fauna urbana afectados.
Una vez más fueron las asociaciones y voluntarios quienes levantaron dispositivos vecinos de rescate y reunificación, mostrando más organización ciudadana que institucional.
"La lección es clara: si no se ofrece una solución para los animales, la gente acepta riesgos que no debería asumir, porque los particulares no tienen competencias ni formación en evacuación y rescate", recuerda Sarrió.
El caso de Coco
Durante el incendio del edificio residencial de Campanar, en Valencia, muchas familias perdieron a sus animales. Ocho días después, los bomberos encontraron con vida a Coco, un gato que se había refugiado en la hornacina de la columna seca.
No lo buscaban: entraron a recuperar enseres y documentación y lo hallaron de manera sobrevenida. "Si los planes hubieran contemplado búsquedas de animales durante y después del siniestro, habrían valorado la posibilidad de supervivientes y definido protocolos específicos".
'Checklist'
Para un plan municipal que cumpla la ley y cuide de todos, estas serían las tareas a cumplir, según el protocolo:
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Censo operativo de animales dependientes y emplazamientos sensibles (hípicas, refugios, núcleos zoológicos, explotaciones, colonias felinas).
- Evacuación y alojamiento temporal: acuerdos, material (transportines/boxes), lectores de chip, registro y puntos pet-friendly.
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Roles definidos y voluntariado acreditado con EPI; integración con Protección Civil, Policía Local y servicios sociales.
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Búsqueda postincendio/postinundación de animales con vida cuando sea seguro; trazabilidad y reunificación.
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Mensajería de crisis: avisos oficiales con mapas, instrucciones para tutores y titulares.
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Simulacros anuales y revisión post-incidente con indicadores (incluyendo número de animales afectados para estadística).
La Ley 7/2023 ya marca el camino. Planificar para los animales no es un gesto accesorio ni sentimental: es cumplir la ley y reducir riesgos humanos. Evita improvisaciones fatales y puede salvar vidas humanas y no humanas.
"Un protocolo a tiempo puede transformar una historia de pérdida en una de reencuentro", concluye Sarrió.