Las restricciones aprobadas para poner el freno a las viviendas turísticas en diferentes barrios de Málaga capital no están siendo bien recibidas por el sector. En concreto, la Asociación de Viviendas Turísticas (AVVA PRO) de Málaga rechaza estas medidas y las definen como “arbitraria”.
Para hacer oficial su rechazo, AVVA PRO ha presentado formalmente sus alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, que busca restringir las Viviendas de Uso Turístico (VUT) introduciendo una zonificación de la ciudad en función de la concentración de viviendas turística.
En este sentido, desde AVVA PRO han señalado, a través de un comunicado, que la propuesta del Ayuntamiento no cuenta con estudios concluyentes que demuestren una relación directa entre las VUT y problemas como la subida de precios de la vivienda, la convivencia vecinal o la precariedad laboral.
“Esta medida es arbitraria, carece de fundamentos jurídicos y económicos sólidos y podría generar inseguridad jurídica para los propietarios y gestores de estas viviendas”, ha asegurado Juan Cubo, presidente de la asociación.
Asimismo, ha explicado que entienden “la importancia de equilibrar el desarrollo turístico con la protección del acceso a la vivienda, pero cualquier regulación debe estar respaldada por datos objetivos y medidas bien fundamentadas. En este caso, se han impuesto restricciones sin un análisis integral del impacto del turismo en la ciudad”.
Además, han remarcado que esta medida discriminaría a las VUT al imponer restricciones únicamente sobre este tipo de alojamiento, mientras que otras modalidades turísticas, como hoteles, hostales o apartamentos turísticos, no están sujetas a limitaciones similares. Por ello, han presentado “una serie de alegaciones destinadas a facilitar que la normativa cumpla con los principios de idoneidad, proporcionalidad y seguridad jurídica”.
Y es que la normativa no define de manera clara el uso urbanístico de las VUT ni establece un procedimiento administrativo adecuado para su regulación, lo que genera inseguridad jurídica para los propietarios. Restringir dicha actividad económica podría “vulnerar la legislación autonómica y nacional sobre unidad de mercado y libre competencia, poniendo en riesgo la actividad económica del sector”, ha añadido Cubo.
Otro aspecto “alarmante” de la propuesta del Ayuntamiento para el sector es que “se basa en datos estáticos y no contempla ningún mecanismo de revisión dinámico que permita ajustar las restricciones en función de la evolución del mercado”.
A su juicio, en algunos barrios, “la suspensión de licencias se ha decidido sin una justificación objetiva clara, aplicando medidas desproporcionadas que podrían ser impugnadas por su falta de fundamento técnico y jurídico”.