El pasado 14 de julio se cumplieron cuarenta años del mayor atentado perpetrado por ETA contra la Guardia Civil.

Aquel 14 de julio de 1986, un coche bomba estalló en la plaza de la República Dominicana de Madrid al paso de un autobús en el que viajaban setenta alumnos de la Academia de Tráfico. Murieron doce guardias civiles y otras setenta y ocho personas resultaron heridas: cuarenta y tres agentes y treinta y cinco civiles que pasaban por la plaza o esperaban un autobús.

Tuve la suerte de que uno de los supervivientes se cruzara en mi camino. Lo conocí hace más de treinta años, cuando apenas habían pasado unos pocos desde que volvió a nacer. Salió del coma el 16 de julio de 1986, dos días después del atentado. Él, sin embargo, solo da gracias porque fue uno de los que se salvaron. Arrastró secuelas durante años, aunque hoy apenas se le notan —o eso quiero creer—. Es un tío agradecido, una buena persona, siempre dispuesto y colaborador; de esos a los que dejarías la llave de tu casa sin dudarlo.

Las secuelas lo obligaron a retirarse del Cuerpo muy joven —como a otros seis compañeros—. Nunca le he oído quejarse. En el fondo, nunca dejó de ser guardia civil. El honor sigue siendo su divisa.

Con motivo del cuarenta aniversario se celebró un homenaje, organizado por la Comunidad de Madrid, al que finalmente asistió tras la insistencia de los organizadores. Por su parte, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) han organizado la exposición «1986. Plaza de la República Dominicana. 12 vidas, una herida permanente», en la sede de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil.

En el documental que se emite en la exposición se muestran muchos testimonios de supervivientes y de familiares de las víctimas. Entre sus mensajes hay varias peticiones planteadas con mucha serenidad, pero con el malestar de quienes ven que la política va por el camino contrario.

Solo piden algo aparentemente elemental: que se deslegitime el terrorismo y no se blanquee lo ocurrido; que se cuente la historia como fue, con verdugos y víctimas; que se haga todo lo posible por esclarecer los más de trescientos asesinatos cuyos autores aún se desconocen; y que nadie pretenda convertir aquellos años en un supuesto conflicto armado entre el Estado y el pueblo vasco.

Y, por encima de todo, piden que se recuerde el honor con el que murieron y que no se les condene al olvido.

Pero hay un testimonio especialmente significativo de la hermana de uno de los asesinados. Cuando años después, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en la negociación con ETA, concedió el régimen de prisión atenuada a De Juana Chaos, ella recuerda cómo el ministro del Interior les aseguró que al etarra le quedaba poco de vida, y cómo su padre se sintió manipulado y, sorprendentemente, culpable.

"Falleció en 2009. No soportó haber votado al que dejó escapar al asesino de su hijo. Se sintió muy mal. Y luego le vimos pavonearse de que había acabado con ETA y nos pareció intrínsecamente perverso".

Estas peticiones adquirieron un significado especialmente incómodo dos días antes del aniversario. El domingo 12 de julio, en la sede de la misma asociación, se celebró otro homenaje, al que asistieron la secretaria de Estado de Seguridad, la directora general y el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil.

Las publicaciones sobre el acto acumularon en redes sociales numerosos mensajes que cuestionaban la presencia de los dos máximos responsables del Cuerpo, al estar ambos investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional.

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento han pedido al juez Pedraz que adopte medidas cautelares para impedir que la directora y el DAO de la Guardia Civil puedan dar órdenes a la UCO. Parece algo más que razonable, máxime cuando están siendo investigados por una posible obstrucción a la justicia. Y todavía más en un Cuerpo que dispone de mecanismos cautelares para apartar temporalmente de sus funciones a los agentes investigados cuando la gravedad de los hechos o el perjuicio institucional lo aconsejan.

No debería ser necesario que un juez resolviera un problema de prudencia institucional que el propio Gobierno dispone de instrumentos para afrontar.

En el caso de la directora general es de aplicación el régimen de altos cargos de la Administración, y en especial lo que se denomina el principio de idoneidad, el cual no se limita solo al instante de su nombramiento, sino que debe mantenerse a lo largo de todo su ejercicio. Es cierto que la mera condición de investigada no determina por sí sola la pérdida legal de honorabilidad. Pero la cuestión política e institucional es más amplia y compleja.

Desde esa perspectiva, resulta difícil sostener que su continuidad sea institucionalmente conveniente. El contraste con María Gámez resulta inevitable: dimitió en 2023 después de que su marido fuera citado como investigado, aunque la causa resultaría posteriormente anulada por un defecto procesal.

El caso del DAO es jurídicamente distinto. No es un alto cargo, sino un teniente general de la Guardia Civil que ocupa un puesto con rango de subdirector general. Su régimen se encuentra en la legislación específica del Cuerpo, aunque el Estatuto Básico del Empleado Público actúe como marco general y supletorio.

Pero la singularidad de su régimen no implica que falten instrumentos. El artículo 92 de la Ley 29/2014 permite al ministro de Defensa acordar la suspensión de funciones durante la tramitación de un procedimiento penal, atendiendo a la gravedad de los hechos, al perjuicio para el Instituto y a la alarma social. Si acuerda la suspensión, corresponde al ministro del Interior decidir si lleva también aparejado el cese en el destino. La medida no es automática, pero sí legalmente posible. El problema, por tanto, no es la falta de instrumentos, sino la decisión de no utilizarlos.

Al propio DAO le quedaban, además, dos salidas compatibles con la dignidad del cargo: solicitar su apartamiento temporal de esas funciones o pedir su cese. No ha elegido ninguna.

Sus declaraciones en el Senado, pronunciadas al día siguiente de comparecer como investigado ante la Audiencia Nacional, no permiten pensar que contemple apartarse voluntariamente. Allí habló de "exceso de protagonismo" y de "cierta vanidad" entre algunos investigadores, y defendió que las unidades actuantes no deben asumir funciones que corresponden al juez. Pero la frase verdaderamente reveladora fue otra: "Me debo a quien me designa y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento". A continuación, sostuvo que el cuestionamiento de su honor y del propio Cuerpo no correspondía a terceros, sino a él y a sus superiores.

La primera parte de la frase resulta inquietante en un servidor público: nadie que ejerza una responsabilidad institucional debería deberse a quien lo designa, sino a la ley, a la institución y a los ciudadanos. La segunda es aún más grave: reserva para sí mismo y para sus superiores la valoración de su honor y hasta la del propio Cuerpo.

Y si a esas palabras sumamos la conversación difundida entre el actual jefe del Mando de Operaciones y el entonces responsable de la Zona de Madrid —con expresiones calificadas por el Tribunal Supremo de "groseras, chabacanas y soeces"—, cabe preguntarse por el clima existente en la dirección operativa del Cuerpo. Que no constituyan delito ni revelen prevalimiento jerárquico no las convierte en aceptables. En la empresa en la que trabajo, cualquier directivo que se dirigiera así a otro responsable se expondría a un expediente disciplinario e incluso al despido.

¿Qué queda del lema del Cuerpo cuando el honor se subordina al nombramiento y las relaciones entre sus máximos mandos descienden a esos términos?

El primer artículo de la Cartilla del Guardia Civil establece el principio fundamental que rige el Cuerpo: "El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás". El respeto y la lealtad de los subordinados no se obtienen con el empleo ni con el nombramiento: se ganan con la conducta. Y resulta difícil recuperarlos cuando se ha dado a entender que el honor depende de uno mismo y de quienes lo designaron.

Quienes hoy dirigen el Cuerpo vivieron los años de plomo. Sufrieron, directa o indirectamente, las consecuencias de atentados como el de la plaza de la República Dominicana, el de la casa cuartel de Zaragoza y tantos otros. Por eso resulta todavía más difícil aceptar que la memoria de aquellas víctimas quede desplazada por cálculos de conveniencia política.

Es otro síntoma de la degradación estética y ética de nuestra vida pública. Demasiadas instituciones se han convertido en escenarios donde el cinismo se presenta como responsabilidad, la obediencia personal como lealtad institucional y la mediocridad como lección de democracia. No es solo que España esté mal gobernada; es que, además, se nos exige aceptar que un servidor público se deba a quien lo designa y no a la institución a la que sirve.

Parafraseando a Marx, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. La tragedia la sufrieron ellos. La farsa es que, cuarenta años después, haya que recordar a la cúpula de la Guardia Civil que el honor no es de libre designación.