Nos podemos preguntar cómo se debe gestionar una familia, una empresa o un país.

Prima facie, puede parecer que estamos ante realidades difícilmente comparables. Sin embargo, las tres instituciones tienen algo en común y sería que disponen de unos recursos limitados, deben atender necesidades presentes, anticiparse a problemas futuros y actuar procurando el bienestar de quienes dependen de sus decisiones.

Una familia que gasta de manera recurrente más de lo que ingresa terminará endeudada y, por ende, arruinada. Una empresa que no mantiene sus instalaciones terminará sucumbiendo al mercado y será expulsada. Y un país que posterga indefinidamente el mantenimiento de sus infraestructuras acabará pagando una factura económica, social y, en el peor de los casos, humana.

El artículo 1104 del Código Civil nos dice que, cuando una obligación no determine expresamente la diligencia exigible, deberá aplicarse la que correspondería a “un buen padre de familia”. Se trata de un estándar jurídico referido al cumplimiento de las obligaciones, no de una norma específica sobre la acción política, pero la idea resulta perfectamente trasladable, al menos como principio inspirador, a la gestión de lo público.

En el ámbito de lo mercantil el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital exige a los administradores actuar con la diligencia de un ordenado empresario, adoptar las medidas necesarias para la buena dirección de la sociedad y subordinar su interés particular al interés de la empresa.

Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿gestionan nuestros políticos las instituciones con la diligencia de un buen padre de familia y de un ordenado empresario? Mi respuesta es no, con las excepciones honrosas, que las hay.

Gestionar bien no consiste únicamente en inaugurar obras, aunque no estaría mal que se inauguren más obras públicas necesarias.

Yendo a lo concreto, nuestras carreteras constituyen un buen botón de muestra de la mala gestión. Según el último estudio difundido por la Dirección General de Tráfico y elaborado con datos recogidos por la Asociación Española de la Carretera, aproximadamente la mitad de los pavimentos analizados presentaba un estado deficiente.

Eso supone que una carretera mal conservada aumenta el riesgo, acelera el deterioro de los vehículos, eleva los costes logísticos de las empresas y termina exigiendo una inversión mucho mayor que la que habría requerido si se hubiera realizado el mantenimiento preventivo oportuno en tiempo y forma.

¿Qué ocurriría en una empresa si sus accionistas y directivos permitieran que su inmovilizado material e intangible se deteriorasen durante años sin disponer una partida suficiente para su mantenimiento y actualización? El consejo de administración terminaría pidiendo explicaciones y la cabeza de susodicho/a al frente.

En cambio, en la gestión pública parece haberse normalizado que las responsabilidades se diluyan entre ministerios, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, concesionarias y organismos de toda condición. Eso supone que ocurre lo de siempre, es decir, unos por otros y la casa sin barrer.

Pasemos al capítulo del agua. España no puede presumir de modernidad mientras sigamos tratando nuestros ríos y mares como colectores de aguas insuficientemente depuradas, residuos y vertidos de distinta naturaleza.

La política de vertido cero no puede convertirse en otro eslogan que no se cumple ni de lejos. Debe traducirse en depuradoras suficientes, redes de saneamiento adecuadas, inspecciones rigurosas, reutilización del agua y sanciones contundentes para quien incumpla.

Lo que ha ocurrido en las playas de El Palo Málaga con el E.coli es una muestra del vertido en el mar y el tratamiento no suficiente a las aguas fecales supuestamente “depuradas”. No podemos hablar de transición ecológica mientras ocurran estas cosas.

También nuestra red eléctrica necesita anticiparse a la transformación económica que estamos viviendo. Durante 2025 aumentaron la demanda eléctrica y la potencia renovable instalada, incorporándose cerca de diez nuevos gigavatios de energía solar fotovoltaica y eólica. Esto es una buena noticia, pero introduce una exigencia palmaria que no es otra que la red de transporte y distribución debe crecer, modernizarse y ganar capacidad al mismo ritmo.

No sirve de mucho disponer de proyectos industriales, plantas de generación renovable, centros de datos o nuevas promociones si después no existe capacidad suficiente para conectarlos. La electricidad es al siglo XXI lo que las carreteras y los ferrocarriles fueron al siglo XX.

Y llegamos a nuestra red ferroviaria. El accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026, dejó 46 personas fallecidas y más de 120 heridas. Es algo horrible estas muertes, ya que una vida humana no se puede reemplazar. ¿Se podría haber evitado este accidente? Seguramente sí.

Con respecto a los incendios forestales qué hacer cuando se está quemando la mitad de España. Se habla de medios aéreos insuficientes y obsoletos. Qué estamos tardando en ponernos serios e invertir en la prevención y en medios que combatan el fuego. La pregunta pertinente no es únicamente cuántos aviones figuran en el inventario, sino cuántos están realmente operativos cuando se necesitan, cuál es su antigüedad, qué mantenimiento reciben y si el dispositivo resulta suficiente ante incendios cada vez más virulentos.

Grosso modo, podríamos seguir con las infraestructuras hidráulicas, la vivienda, los puertos, las telecomunicaciones, la sanidad o la educación. La lista sería interminable.

Todo lo anterior constituye una enmienda a la totalidad de una forma de hacer política demasiado pendiente del relato, la confrontación y el corto plazo. No necesitamos más anuncios grandilocuentes ni planes estratégicos que terminan durmiendo el sueño de los justos.

Ahora bien, no caigamos en el derrotismo ni en la queja permanente. Los ciudadanos también tenemos responsabilidad por omisión. Me refiero a que no podemos criticar durante cuatro años y después votar movidos exclusivamente por la consigna, el miedo o la pertenencia a unas siglas. Debemos estudiar los programas, valorar los equipos y apoyar a quienes sitúen el bien común, la gestión eficiente y las infraestructuras en el centro de su propuesta política.

España necesita un gran pacto de Estado que garantice inversiones a largo plazo en carreteras, ferrocarriles, energía, agua y prevención de emergencias, gobierne quien gobierne. Las infraestructuras no son de derechas ni de izquierdas, ni de ultras ni de independentistas o de antisistemas. Son la columna vertebral de un país moderno y competitivo.

Por consiguiente, dejemos de comportarnos como simples espectadores y asumamos nuestra condición de ciudadanos responsables. Exijamos que España sea gestionada con la diligencia del buen padre de familia, la profesionalidad del ordenado empresario y la visión de un estadista. Todo lo demás, permítanme que lo diga en román paladino, es cuento chino.