En los próximos meses, y en el horizonte de las elecciones municipales, Málaga afronta una decisión trascendente al tramitar una nueva Ordenanza del servicio de taxi -sobre la que ya ha abierto una consulta pública-, la cual no debería limitarse a un ajuste técnico, sino aprovecharse como una oportunidad estratégica para redefinir cómo se moverán los usuarios de taxis, VTC y los futuros robotaxis, en una ciudad que ya es referente europeo en turismo, innovación y calidad de vida.

Podemos esperar durante estos meses que los taxistas malagueños presionen al Ayuntamiento sobre cuántas licencias hay, qué tarifa se aplica o cómo impedir cualquier competencia, pero esto no debe ser lo relevante. La cuestión importante es si el marco regulatorio que se adopte estará alineado con la Málaga de la próxima década o si se someterá otra vez a los privilegios e intereses de un gremio que sigue anclado en la Málaga de hace veinte años.

Los actuales proyectos y estudios municipales reconocen problemas estructurales, un sistema tensionado, una regulación parcialmente obsoleta y una demanda creciente que no siempre encuentra respuesta suficiente. Es un diagnóstico evidente. El modelo actual necesita evolucionar, y se van a requerir algo más que escasas explotaciones unipersonales para prestar servicios en una ciudad moderna y vanguardia del desarrollo andaluz.

Aquí conviene ser claros. Cuando una norma no se adapta a la realidad, no corrige el mercado, sino que lo distorsiona. Durante décadas, el sector del taxi ha funcionado bajo una lógica de numerus clausus: limitar licencias para garantizar un sistema de equilibrio y privilegiar a los taxistas frente a cualquier tipo de competencia. Pero en ciudades dinámicas y altamente demandadas como Málaga, este enfoque acaba por generar exactamente el efecto contrario, y produce escasez, tiempos de espera elevados y pérdida de oportunidades económicas que acaban detrayendo la inversión al sector.

Ahora, no se trata de “liberalizar sin control”, sino de introducir mecanismos objetivos y periódicos de revisión de la oferta. Si la ciudad crece -en población, turismo, eventos o actividad económica- el servicio debe crecer con ella para ajustar la oferta -en la medida de lo posible- con la creciente y sostenida demanda. Se van a necesitar más taxis, aunque su incorporación puede modularse en el tiempo.

Como ya advertía Friedrich Hayek en su “Camino de servidumbre” (1944), “cuanto más intenta el Estado planificar detalladamente la economía, más difícil se vuelve para el individuo planificar su propia vida”, de modo que una regulación excesivamente rígida no protege al usuario y lo deja sin servicio cuando más lo necesita, hay que ser más flexibles y pensar siempre en cómo será la Málaga de dentro de una década frente a la del mes que viene.

Uno de los grandes avances de la movilidad en la última década ha sido la previsibilidad por la digitalización que permite conocer cuánto cuesta un trayecto antes de iniciarlo, cuánto tardará el vehículo, dónde se encuentra en tiempo real y quién lo conduce. Saber todo esto ya no es un lujo, es un estándar. Sin embargo, el marco regulatorio y muchos taxistas de Málaga siguen básicamente ajenos a estas herramientas, que deberían incorporar masivamente para acercarse más a las necesidades de sus usuarios, antes de que los vehículos autónomos o robotaxis entren en liza y dejen obsoleta la relación con conductores humanos.

En materia de precios, habrá que dejar de ceñirse a un viejo aparato como es el taxímetro para abordar los precios cerrados en la contratación previa y los llamados “corredores tarifarios”, que otorgan cierta flexibilidad a la rigidez del taxi y que no son experimentos pues han funcionado bien en ciudades europeas mejorando la transparencia, reduciendo conflictos y aumentando la demanda.

En Málaga, donde confluyen millones de visitantes al año, esto no es solo eficiencia, es reputación. Porque un turista no compara ordenanzas. Compara experiencias. Y por ello la digitalización acelerada no es una amenaza para el taxi, sino que es su mayor oportunidad de no quedar como un servicio vetusto. Que los taxis se integren en plataformas digitales, ofrezcan geolocalización, pagos electrónicos y trazabilidad del servicio no elimina el modelo tradicional, lo amplía, lo moderniza y lo hace competitivo.

Por ejemplo, permitiendo el taxi compartido. Una herramienta sencilla, voluntaria y perfectamente compatible con el marco legal que permite reducir costes al usuario, aumentar ingresos por vehículo y disminuir emisiones. En una ciudad que ya apuesta por zonas de bajas emisiones y más sostenibilidad, mejorar la ocupación de los vehículos no es una opción ideológica, es una necesidad técnica. Además, el taxi compartido no compite con el transporte público. Lo complementa allí donde este no llega o no es suficiente.

Otros aspectos que mejorar son aliviar la carga administrativa que soporta el sector, con hiperregulación de requisitos redundantes, limitaciones rígidas en tipos de vehículos o barreras de acceso al empleo que no siempre tienen justificación real en términos de seguridad o calidad. Permitir el acceso a las empresas y la inversión a un sector que se ha diseñado como un coto cerrado en manos de autónomos, condenándolo a la subsistencia y el servilismo a la subvención, es hacer que la economía crezca y la norma sea eficaz.

Una ordenanza más clara y abierta no solo beneficia a los taxistas. También mejora la capacidad de control del propio Ayuntamiento. Málaga tiene todos los ingredientes para convertirse en referencia europea en movilidad urbana, liderando crecimiento económico, atracción turística, la apuesta por la sostenibilidad y con una ciudadanía cada vez más digitalizada. Pero para ello necesita un marco regulatorio abierto y a la altura.

No se trata de elegir entre taxi o nuevas formas de movilidad, se trata de integrar al taxi en un sistema flexible y orientado al usuario, que también prevea la llegada de los robotaxis y no se vea superado por la realidad. Porque la decisión es ahora y la nueva ordenanza es una oportunidad única para no parchear el pasado, sino para diseñar el futuro.

Más licencias porque la demanda lo requiere. Más libertad tarifaria con transparencia. Más digitalización. Más eficiencia y previsión de futuro. Y, sobre todo, más foco en el usuario. La mejor regulación no es la que protege estructuras, sino la que garantiza que el servicio funciona.

Málaga puede hacerlo. La pregunta es si se atreverá.