Es un clásico recordar que muchos italianos tienden a atribuir al gobierno de turno cualquier desgracia o contrariedad que afecta al país, con la conocida frase: "¿Piove? ¡Porco Governo!".
Poca gente sabe que la expresión se remonta al impuesto sobre la sal establecido por el Gran Duque de Toscana en el siglo XIX, pues el pesaje se realizaba en días de lluvia cuando la sal, al estar mojada, pesaba más. Originalmente la frase parece que decía "Governo ladro", no hace falta traducción.
En un viaje por Italia, el propietario de un pequeño restaurante en Lago di Garda, que había vivido y trabajado en la Costa del Sol, me explicó que esta frase viene a reflejar la nula expectativa que muchos italianos —sobre todo en el norte— tienen respecto a cualquier gobierno. Mientras, me decía, en España todavía esperábamos que el gobierno se encargara de solucionar nuestros problemas.
Quiero recalcar la fecha (septiembre de 2010), tres meses después de las duras políticas de ajuste de Zapatero, porque creo que esa ingenua esperanza española ha decaído enormemente.
Lo bueno de no tener expectativas es que no te pueden defraudar. Como me decía aquel italiano, solo confíes en aquello que puedas hacer por ti mismo.
Pero ¿qué es lo que podemos esperar de un buen gobierno? Según Confucio, "en un país bien gobernado, la pobreza es motivo de vergüenza. Pero en un país mal gobernado el motivo de vergüenza es la riqueza" de unos pocos, añadiría yo.
Un 25,7% de la población española continúa en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo los menores de 16 años los más afectados, con un 33,9 % en esta situación, según los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de uno de los registros más elevados de la UE.
La narrativa oficial tropieza con la contundencia de los datos. El 15º Informe sobre el Estado de la Pobreza de la European Anti-Poverty Network (EAPN) sitúa en el 19,7 % la población en riesgo de pobreza monetaria al cierre de 2024: prácticamente uno de cada cinco españoles. Son cifras que confirman la cronificación de la pobreza.
En la misma línea, la OCDE advertía en su informe de septiembre de 2025, Tener y no tener: cómo superar la brecha de oportunidades, de algo especialmente preocupante: el grave deterioro del ascensor social en España.
El Informe FOESSA sitúa la pobreza entre los menores de 18 años en torno al 29 %, mientras que otros indicadores elevan la cifra hasta el 34 % si consideramos ciertos tramos de edad infantil, lo que sitúa a España entre los peores registros de la UE.
Luego el relato de una supuesta prosperidad económica –soportada en crecimiento del PIB y otros indicadores macroeconómicos– ha generado una brecha de percepción entre lo que los datos agregados sugieren y lo que los ciudadanos experimentan a diario.
Esta brecha tiene consecuencias profundas. Socava la confianza en las instituciones públicas cuando el discurso oficial no se corresponde con la experiencia cotidiana de las familias, que sufren alquileres inasequibles, salarios insuficientes, obstáculos para la emancipación o pobreza infantil creciente.
De este modo, se consolida la percepción de que la política económica está desconectada de la realidad, especialmente cuando el crecimiento reciente no ha logrado revertir los desequilibrios estructurales de pobreza, exclusión y desigualdad.
Desde el ámbito gubernamental se insiste en proyectar una imagen de recuperación económica, empleo creciente y avance social sostenido.
Sin embargo, que el PIB crezca no implica que dicho crecimiento sea consecuencia directa de las decisiones gubernamentales, sino todo lo contrario, diversos indicadores sugieren que parte del crecimiento responde más al dinamismo empresarial y al contexto internacional que a las decisiones gubernamentales.
Parte del avance registrado en términos nominales se explica por el efecto de la inflación. En contextos inflacionarios, el PIB puede aumentar mientras el poder adquisitivo real se reduce.
Al mismo tiempo, la recaudación fiscal crece automáticamente al ampliarse bases imponibles y no deflactarse tramos, generando mayores ingresos públicos sin que necesariamente exista un incremento equivalente en riqueza real.
Este aumento de ingresos ha impulsado el PIB a corto plazo a través del incremento del gasto público. Sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad financiera, este modelo plantea serias dudas.
No se han deflactado los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a pesar de haber acumulado crecimientos del IPC superiores al 20 %, lo que incrementa de facto la presión fiscal efectiva sobre los contribuyentes. Mientras, el País Vasco sí ha deflactado el IRPF introduciendo diferencias relevantes en el esfuerzo tributario entre territorios.
Los datos de crecimiento de la economía española no dicen tanto de la labor del gobierno como de las empresas y empresarios españoles que, pese a un entorno regulatorio y fiscal cada vez más exigente, son capaces de prosperar y seguir generando riqueza, soportando una fiscalidad e intervencionismo administrativo crecientes.
La verdadera medida del progreso no está sólo en el crecimiento del PIB, sino en la reducción efectiva de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, es decir, en la capacidad de un país para ofrecer una vida digna y oportunidades reales a cada uno de sus habitantes.
A ello se suma la creciente desconfianza en la contabilidad nacional y en las estadísticas de empleo, alimentada por las reservas expresadas desde instancias comunitarias respecto a la forma en que el Ministerio de Economía suministra determinados datos.
Cuando los indicadores oficiales necesitan explicaciones cada vez más elaboradas para ser verosímiles, el problema ya no es estadístico, sino de credibilidad institucional. En ese contexto, los datos dejan de informar para empezar a justificar.
No puede ignorarse, además, la irregularidad que supone la ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado. En cualquier democracia sólida, el presupuesto actúa como el principal dique frente al gasto discrecional y el incremento sostenido de la deuda.
Cuando faltan presupuestos que ordenen la acción pública y proliferan indicios de corrupción que erosionan la confianza en las instituciones, el desajuste deja de ser estrictamente económico. Se convierte, ante todo, en una crisis de credibilidad democrática, donde ya no es el dato solamente lo que falla, sino la legitimidad del relato que pretende sostenerlo.
La buena gobernanza no se mide por la contundencia del relato oficial, sino por la coherencia entre datos, políticas y resultados sociales. Y cuando esa coherencia se pierde, no es solo la economía la que se resiente: es la propia credibilidad del gobierno —ese al que algunos responsabilizan incluso cuando llueve— la que termina erosionándose.