El hombre observaba la escena desde la terraza de un café, una mañana cualquiera. A su alrededor, conversaciones triviales, teléfonos móviles, prisas. En la mesa contigua, dos jóvenes hablaban de la última medida del Gobierno: la regularización acelerada de cientos de miles de inmigrantes recién llegados.

Es por humanidad, decía uno, el otro asentía, sin más preguntas.

El hombre removió lentamente su café. No era la primera vez que escuchaba esa palabra utilizada como argumento definitivo, casi sagrado. Y, sin embargo, pocas veces se detienen algunos a analizar qué consecuencias reales podía tener una decisión tomada, supuestamente, en nombre del bien.

En política, como en la historia, las intenciones proclamadas no siempre coinciden con los efectos reales. Y cuando una medida de enorme impacto social se adopta sin debate profundo, sin consenso y sin evaluación de consecuencias a medio y largo plazo, la sospecha no es cinismo: es sentido común.

La propuesta de legalizar masivamente a inmigrantes tras apenas unos meses de estancia en España se presenta como un gesto humanitario. Pocos discuten la necesidad de una política migratoria justa, ordenada y digna. El problema surge cuando esa política deja de orientarse a la integración real y empieza a parecerse peligrosamente a una estrategia de ingeniería social.

Porque integrar no es regularizar sin más. Integrar exige empleo, formación, idioma, cultura cívica, respeto a la ley y un horizonte de autonomía personal. Sin esos pilares, lo que se crea no es ciudadanía plena, sino dependencia estructural.

A esta reflexión se añade una cuestión que apenas se menciona y que, sin embargo, resulta decisiva: la irresponsabilidad material de prometer derechos sin haber previsto los recursos necesarios para sostenerlos.

Regularizar de forma acelerada a cientos de miles de personas, se habla ya de cifras cercanas al medio millón, sin haber construido vivienda suficiente en un país con un déficit habitacional creciente, sin haber ampliado la red sanitaria ni incrementado el número de sus profesionales, sin nuevas infraestructuras educativas, sin refuerzos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sin una planificación integral de servicios sociales, no es solidaridad: es improvisación de alto riesgo.

El resultado previsible no es la inclusión armónica, sino el colapso progresivo de servicios esenciales que ya funcionan al límite y cuyo deterioro afectará, de forma inevitable, tanto a los recién llegados como a la sociedad española en su conjunto.

La verdadera injusticia no está en exigir orden y previsión, sino en crear expectativas que el Estado no puede cumplir, enfrentando a los más vulnerables entre sí y erosionando la cohesión social que toda democracia necesita para sobrevivir.

Y aquí aparece la pregunta incómoda que muchos prefieren evitar:

¿Qué ocurre cuando se consolida una población amplia, vulnerable, con escasa capacidad de inserción laboral inmediata y fuertemente dependiente del Estado?

Ocurre algo bien conocido por la historia política: se forma una sub-clase social clientelar, cuya supervivencia material queda ligada a la continuidad del poder que la protege. No es integración, es servidumbre moderna. No es libertad, es dependencia.

El voto, en ese contexto, deja de ser una expresión libre de criterio para convertirse en una decisión condicionada por el miedo: miedo a perder ayudas, papeles, protección o subsidios. No se vota con convicción, se vota con necesidad. Si deberíamos aspirar a construir una democracia más avanzada que la actual, desde luego, esa no es la dirección correcta.

Este mecanismo no es nuevo. Ha sido utilizado por regímenes populistas de distinto signo a lo largo del siglo XX y XXI. Y siempre con el mismo resultado: democracias debilitadas y sociedades fracturadas.

Resulta paradójico, aunque cada vez menos sorprendente, que quienes se autoproclaman defensores de la tolerancia y del pluralismo muestren una creciente hostilidad hacia quienes no comparten su visión del mundo. El disidente ya no es un adversario legítimo, sino un obstáculo moral. No se le rebate: se le estigmatiza. No se le convence: se le reemplaza.

Este es el rasgo más inquietante del nuevo autoritarismo ideológico, que no necesita camisas negras ni desfiles militares. Le basta con controlar el relato, colonizar el lenguaje y redefinir quién es moralmente aceptable y quién no.

El fascismo clásico perseguía al que pensaba distinto.

El fascismo posmoderno niega legitimidad al discrepante, lo convierte en sospechoso, retrógrado o enemigo del bien. Y cuando no logra convencer a la mayoría, busca reemplazar el cuerpo electoral para perpetuarse.

España, con una democracia joven y aún frágil en muchos aspectos, debería extremar la prudencia. La política migratoria no puede convertirse en un instrumento de supervivencia partidista. Eso no es solidaridad; es instrumentalización humana.

Una democracia sana no necesita votantes cautivos, sino ciudadanos libres. No necesita dependientes agradecidos, sino personas autónomas y críticas. Y no necesita gobiernos que teman la voluntad popular, sino gobernantes que confíen en ella, incluso cuando les es adversa.

Tal vez ha llegado el momento de plantear el debate sin complejos:

¿Estamos ante políticas pensadas para integrar… o para permanecer?

¿Para construir ciudadanía… o para asegurar poder?

Porque cuando un gobierno empieza a temer a su propio pueblo, el problema ya no es la oposición, sino la deriva del poder mismo.

Y esa, conviene recordarlo, es siempre la antesala de algo que ninguna democracia debería permitirse.

Y tú, ¿qué opinas al respecto?