El deterioro económico no suele producirse de forma súbita, sino a través de decisiones repetidas que, con el paso del tiempo, erosionan la productividad, la calidad institucional y el bienestar. España y Europa no son una excepción.

Como se explicaba en el artículo anterior, la degradación progresiva de los servicios públicos, de las infraestructuras y de la calidad institucional no es fruto de un solo gobierno ni de una única crisis.

Es el resultado de políticas mantenidas en el tiempo por gobiernos de distinto signo y, no menos importante, aceptadas socialmente.

Durante los años de fuerte crecimiento desde mediados de los noventa hasta 2008, España llegó a creer que había alcanzado el primer nivel económico mundial. Se hablaba de la "Champions League de la economía", se comparaba nuestro PIB con el de países como Italia o Canadá, e incluso se aspiraba a formar parte de un G7 ampliado.

Sin embargo, ese relato ocultaba una realidad menos favorable: en términos de PIB per cápita, España se situaba lejos de las economías líderes, en el puesto 27.

La crisis de 2008 puso fin a esa ilusión. España fue uno de los países más duramente golpeados. Aún resuena aquella frase de José Luis Rodríguez Zapatero a su ministro de Economía poco antes de cesarlo: "No me digas, Pedro (Solbes), que no hay dinero para hacer política", una afirmación que parecía referirse más a la agenda ideológica que a las restricciones reales de la política económica.

La política económica de Mariano Rajoy buscó reducir el déficit y mejorar la competitividad para superar la crisis financiera y evitar la intervención del país; pero dejó como resultado más deuda, alto nivel de desempleo, desigualdad y recorte en los servicios públicos, sin reformas profundas salvo el rescate bancario.

Desde entonces, España no ha logrado recuperar una senda clara de convergencia con las economías más avanzadas. Hoy, aunque el país ocupe el decimosegundo puesto mundial por volumen de PIB, el PIB per cápita nos sitúa en posiciones propias de una economía media, no de una potencia, en el puesto 34 según datos recientes.

Algo similar ha ocurrido en Europa. A comienzos de siglo, la economía de la zona euro era comparable a la de Estados Unidos. Hoy es más de un 30% menor. Y, sin embargo, esta decadencia relativa apenas ha generado alarma social.

Europa sigue viviendo en buena medida de la inercia de su Estado del bienestar y su leviatán regulatorio, sin cuestionarse con suficiente intensidad si la base productiva que lo sostiene sigue siendo suficiente.

El crecimiento económico depende esencialmente de dos factores: las horas trabajadas y la productividad por hora trabajada. El primero está condicionado por la demografía. Con una población altamente envejecida y tasas de natalidad persistentemente bajas, Europa sólo puede evitar el estancamiento mediante la inmigración, una solución necesaria pero no exenta de efectos sociales y políticos.

España ha gestionado razonablemente bien esta dimensión, atrayendo población joven, especialmente de Hispanoamérica, con evidentes ventajas culturales y lingüísticas. Se calcula que son más de un millón de personas en edad de trabajar.

Pero no parece que España sea consciente de la relevancia que las transferencias de emigrantes suponen en las relaciones con los países emisores de esa emigración.

El verdadero problema está en el segundo factor: la productividad. Y ahí el suspenso es claro. Un inabarcable marco regulatorio que incrementa los costes laborales sin mejoras paralelas en capital humano, innovación o eficiencia, una protección insuficiente del trabajador autónomo o reformas pensadas para el impacto inmediato más que para el largo plazo no contribuyen precisamente a elevarla.

El crecimiento reciente se explica en gran medida por el aumento de población y por la inflación, más que por una mejora sustancial del capital productivo o de la eficiencia.

Las políticas públicas han tendido a priorizar la redistribución inmediata y el corto plazo, mientras se relegaban la inversión productiva, el mantenimiento de infraestructuras y la calidad institucional.

Invertir se inaugura; mantener no da titulares. Y cuando el mantenimiento se pospone de forma sistemática, el deterioro es inevitable. Este modelo se ha consolidado durante más de dos décadas y ha impregnado no solo al gobierno central, sino también a las administraciones autonómicas y locales.

Como explicaba el profesor Arruñada en un reciente artículo, "la mala gestión y la corrupción pueden agravar el problema, pero no lo explican" por sí solas. La raíz es estructural: decisiones económicamente insostenibles que ofrecían beneficios visibles y ocultaban sus costes, y que por ello contaron con un amplio respaldo social.

A ello se suma un deterioro institucional preocupante. El debilitamiento de la separación de poderes, la erosión del control presupuestario y la politización de instituciones clave reducen la capacidad del sistema para corregirse a sí mismo.

El presupuesto, que debería ser el principal instrumento de control democrático, ha perdido en la práctica parte de su función esencial, pese a que su aprobación y fiscalización corresponde al Parlamento.

Ningún país se empobrece de golpe. Pero cuando se normaliza el deterioro, cuando se confunde crecimiento nominal con prosperidad real y cuando se sacrifica la productividad en favor del corto plazo, el resultado es siempre el mismo: una pérdida lenta pero constante de bienestar y de oportunidades.

Reconocerlo es incómodo. Ignorarlo es mucho peor.