El camino trazado por el Ayuntamiento de Marbella para disponer en los próximos meses de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) sigue avanzando.
El último hito ciertamente relevante tiene fecha del pasado mes de noviembre, cuando la Junta de Andalucía ha emitido la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del documento. Se trata de un informe preceptivo y determinante, que fija una serie de condiciones que han de cumplirse antes de la aprobación definitiva del planeamiento.
El recorrido del procedimiento es largo en el tiempo. Hay que recordar que fue el 17 de septiembre de 2020 cuando el Consistorio pidió iniciar la evaluación ambiental estratégica del nuevo planeamiento, entonces concebido como revisión del PGOU.
Tras la aprobación del documento de alcance en mayo de 2021 y la entrada en vigor de la LISTA, el Ayuntamiento dividió el proceso en dos instrumentos, PGOM y POU, manteniendo el avance ya aprobado.
La aprobación inicial del PGOM se produjo el 30 de marzo de 2023, con publicación en BOJA y BOP el 19 de abril y un primer periodo de información pública de 60 días que generó 174 alegaciones en plazo y seis fuera de plazo.
Posteriormente, el Pleno de 31 de mayo de 2024 resolvió estas alegaciones, aprobó provisionalmente el plan e impulsó una segunda exposición pública de 45 días, en la que se presentaron otras 147 alegaciones.
El modelo elegido
El estudio ambiental estratégico analiza cinco escenarios, desde mantener el viejo PGOU de 1986 hasta liberar prácticamente todo el suelo urbanizable posible, pero concluye que la alternativa con mejor comportamiento ambiental global es la denominada Alternativa 1.
Esta opción apuesta por densificar los núcleos urbanos, acotando los posibles desarrollos, así como rellenar vacíos para crear nuevas centralidades y reducir la expansión dispersa en lugar de seguir creciendo hacia la montaña o el litoral.
"Mantiene esencialmente el suelo no urbanizable del plan vigente, si bien recomponiendo el actual modelo de ocupación territorial dispersa heredado de planes y actuaciones anteriores", se detalla en el documento.
En el mismo, se apunta que la trama urbana preexistente es de 5.030 hectáreas, a los que han de añadirse las 1.615 hectáreas que se reservan para nuevos desarrollos urbanísticos, quedando 5.085 ha de superficies preservadas de transformación.
Agua e inundaciones
Uno de los bloques de mayor relevancia de la declaración ambiental se centra en el agua, subrayándose la necesidad de reforzar la protección frente a inundaciones y la gestión de los recursos hídricos.
De hecho, la Administración hidráulica reclama estudios hidrológicos e hidráulicos específicos para numerosos arroyos –como Sandoval, Paloma, Primero, Segundo, Calera, Represas, Nagüeles o varios tramos del Real de Zaragoza y de las Cañas– con el fin de delimitar dominio público, zonas de servidumbre y llanuras de inundación.
El documento impone que todas las actuaciones respeten las limitaciones de uso en zonas inundables y de flujo preferente, y recuerda que las obras de defensa deberán ajustarse al Reglamento del Dominio Público Hidráulico y a los planes de gestión del riesgo de inundación aprobados en 2023.
En materia de saneamiento y depuración, se apuesta de manera clara por el uso de agua regenerada, especialmente en campos de golf y riegos recreativos, y exige que el planeamiento se adapte a las dotaciones y plazos recogidos en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Amplia red de parques fluviales
Más allá de las restricciones, el PGOM dibuja un ambicioso sistema de áreas libres y equipamientos apoyado en los condicionantes ambientales recogidos por la DAE.
El plan proyecta numerosos parques fluviales ligados a arroyos como Guadalpín, Realejo, Siete Revueltas, Cañas Verdes o La Víbora, concebidos tanto como espacios verdes urbanos como corredores de laminación de avenidas y protección de cauces.
En materia de dotaciones, se reservan suelos para la ampliación del Hospital Costa del Sol, la futura Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Educación y el Conocimiento en torno al río Guadaiza, la Ciudad del Deporte al norte de La Ermita y varias áreas polifuncionales vinculadas al eventual corredor ferroviario de la Costa del Sol.
No todos los informes sectoriales han sido favorables: la Secretaría General de Telecomunicaciones emitió un informe desfavorable que obliga a ajustar emplazamientos y condiciones de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas.