El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido de forma inmediata el procedimiento sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) casi cuatro meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara parcialmente la ordenanza.
El fallo consideró discriminatorio que los coches domiciliados en la capital tuvieran excepciones para entrar en la zona que no se aplicaban a los de otros municipios.
El Consistorio prepara ahora una nueva regulación y deja en el aire el futuro de las más de 46.000 multas impuestas desde finales del año pasado. Entre los conductores que se habían adaptado a la norma está Martina, nombre ficticio para preservar su intimidad.
La semana pasada, Martina llegó a pagar la entrada de un coche nuevo para cumplir los requisitos.
Durante semanas hizo números. Miró modelos, comparó plazos y buscó la opción de financiación que mejor se adaptaba a su situación económica. Tomó la decisión, explica, “confiando en la normativa municipal vigente”.
La financiación restante no había llegado a formalizarse, así que ha podido recuperar el dinero de la entrada. Su caso se ha quedado en un susto. Ahora tiene sobre la mesa una decisión que creía tomada, si cambia finalmente de coche o mantiene el que tiene.
Un giro a siete meses de las municipales
La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, anunció la suspensión este martes en una entrevista en COPE. Faltan siete meses para las elecciones municipales de 2027.
La sentencia del TSJA estimó en parte un recurso de Vox. El punto cuestionado era el sistema de excepciones, que permitía que coches sin etiqueta ambiental, y después algunos con etiqueta B, siguieran entrando en la zona si estaban domiciliados en la capital. Para el tribunal, esa diferencia vulneraba los principios de igualdad, libertad de empresa y unidad de mercado.
En la entrevista, Hernández reconoció las dificultades para establecer criterios claros en la regulación. Esa admisión es la que más le pesa a Martina. Se pregunta “por qué los ciudadanos tenemos que afrontar una incertidumbre generada precisamente por quien debería ofrecer certeza y seguridad”.
Cree que el Ayuntamiento debió moverse antes. Considera que, “si los criterios no estaban suficientemente claros, quizá habría sido más prudente revisar la regulación antes de mantenerla, en lugar de trasladar las consecuencias de esa falta de claridad a los ciudadanos”. Y lo resume con ironía, al señalar que “es fácil disparar con pólvora ajena”.
Los que sí cerraron la compra
Ella ha salido sin pérdidas. Piensa en quienes no tuvieron la misma suerte. Recuerda que “muchos ciudadanos sí habrán culminado la compra y comprometido una importante cantidad de dinero” para adaptarse a la norma.
Según relata Martina, la aplicación de la ordenanza se paraliza apenas siete semanas antes de su entrada en vigor para los propietarios de vehículos con etiqueta B no empadronados en Málaga. Para muchos de ellos, el margen para decidir ya se había agotado.
Explica que comprar un coche nuevo “no es inmediato”. Según el modelo y su disponibilidad, la entrega puede tardar tres meses o incluso más. Quien quisiera llegar a tiempo tenía que encargarlo con antelación. Por eso, insiste, quienes confiaron en las condiciones del Ayuntamiento “tuvieron que anticipar decisiones y asumir gastos sin prever este cambio de escenario”.
La afectada lanza también varias preguntas sobre la gestión municipal. Quiere saber por qué se esperó al pronunciamiento del TSJA para revisar la situación y por qué fue necesario solicitar después una aclaración judicial. Se pregunta si “no habría sido posible actuar con mayor previsión ante las dudas que planteaba la regulación”.
46.000 multas sin respuesta
La incertidumbre no termina con la suspensión. Lamenta que “seguimos sin saber cuándo se aprobará la nueva ordenanza, qué criterios se aplicarán ni cómo se abordarán las multas abonadas y las sanciones que pudieran verse afectadas”.
Cada una de esas más de 46.000 multas es de 200 euros, que se reducen a 100 por pronto pago, según los datos de la propia concejala.
Preguntada por esos expedientes, Hernández indicó que la cuestión corresponde a los órganos de recaudación y no al área de Movilidad. Aseguró que el Ayuntamiento estudiará las consecuencias de la sentencia y actuará conforme a la ley, según la fase en que se encuentre cada procedimiento.
La suspensión no supone, por sí sola, la anulación automática de las multas ya impuestas. Tampoco se ha confirmado que se vaya a devolver el dinero a quienes ya pagaron.
La concejala sostiene que la sentencia no mejorará la situación de los malagueños. Ha avanzado que el Consistorio revisará las resoluciones sobre las ZBE de otros municipios para buscar una fórmula que cumpla con las obligaciones legales, y que espera que el Gobierno central le indique cómo dar seguridad jurídica al nuevo texto.
“A la segunda, que vaya la vencida”
La conductora quiere “reconocer y dar la enhorabuena a los representantes políticos que han contribuido a paralizar esta medida, al menos por ahora”. Agradece también el apoyo recibido durante todo el proceso.
Pero mira con recelo el calendario. Se pregunta si la nueva ordenanza estará en vigor “a partir de julio del próximo año” y deja la cuestión abierta “para que cada uno saque sus propias conclusiones”.
Confía en que “a la segunda, vaya la vencida”. Pide para los conductores “claridad, previsión y estabilidad para tomar decisiones que afectan directamente a nuestra economía y nuestra vida cotidiana”.
Vox insiste
El portavoz del Grupo Municipal VOX en Málaga, Antonio Alcázar, ha criticado la ambigüedad del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, a la hora de explicar si piensa devolver el dinero de las multas por la Zona de Bajas Emisiones.
"Desde VOX le exigimos al alcalde que sea serio y actúe como debe actuar, es decir, devolviendo hasta el último céntimo de las multas puestas a los malagueños por la Zona de Bajas Emisiones", ha dicho Alcázar.
"Debe elegir entre devolver el dinero a los malagueños o mantener su afán recaudatorio con esta medida que proviene de los postulados de la Agenda 2030", ha añadido.
Por su parte, Jesús Ruiz Ballesteros, responsable jurídico de VOX Málaga, ha insistido en que los malagueños pueden reclamar la devolución de las multas "interponiendo los recursos en primer lugar frente al Ayuntamiento".
"El único partido que quiere multar a todos los malagueños es el PP, mientras que VOX es el único partido que quiere que nadie sea multado", ha señalado.