El futuro de la Nueva Rosaleda de Málaga parece pasar, cada vez más, por la iniciativa privada. Aunque todos los escenarios siguen abiertos, la posibilidad de sacar a concurso la construcción y explotación del complejo deportivo, concebido como un recinto capaz de acoger eventos durante todo el año, está sobre la mesa.
Así lo ha planteado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante una intervención en Canal Málaga. El regidor ha defendido la conveniencia de explorar el interés empresarial para impulsar el proyecto, cuya inversión, a la espera de una estimación definitiva, podría superar los 400 millones de euros.
"De entrada, veamos si hay iniciativa privada interesada incluso en la situación actual, que parece la hay", ha señalado De la Torre, que contempla la posibilidad de que sea un operador privado quien desarrolle el estadio.
Esta fórmula requeriría el acuerdo de las partes implicadas en la operación. Además de los tres propietarios del actual estadio —el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial—, el proyecto debe resolver la disponibilidad de los terrenos elegidos para levantar el nuevo recinto, vinculados a la Universidad de Málaga (UMA).
"En la medida en que sea un privado el que lo haga nos parecerá bien a todos", ha remarcado el alcalde.
El suelo municipal, en la negociación con la UMA
Durante su intervención, De la Torre ha explicado que ha remitido una carta al rector de la Universidad de Málaga para recordarle los antecedentes de la relación entre ambas instituciones y abordar la disponibilidad de terrenos para el estadio.
Según ha relatado, el Ayuntamiento dispone de una superficie de algo más de 32.000 metros cuadrados relacionada con una operación urbanística que se planteó para facilitar el desarrollo de la ciudad deportiva del Málaga CF en Arraijanal, a través de la Fundación del club.
El alcalde ha recordado que el Consistorio realizó un esfuerzo para adquirir esos terrenos mediante una permuta, con el objetivo de hacer posible aquel proyecto.
La cuestión es relevante porque la universidad no sería, según esta explicación, la única parte con intereses sobre el suelo necesario para el complejo. La propuesta obliga a precisar la titularidad de las parcelas y las condiciones bajo las que podrían incorporarse al proyecto, además de la fórmula de acuerdo entre las instituciones implicadas.
De la Torre ha apelado a la relación histórica entre el Ayuntamiento y la UMA, recordando que en 2010 se pusieron a disposición de la universidad un millón de metros cuadrados. «Somos copropietarios de los sueños elegidos», ha afirmado para resumir la colaboración que, a su juicio, debe permitir avanzar en esta operación.
Impacto económico
La disponibilidad del suelo es uno de los asuntos que debe resolver el proyecto. La Universidad de Málaga ya ha activado estudios para analizar la compatibilidad de la Nueva Rosaleda con el entorno universitario, entre ellos un trabajo sobre las consecuencias económicas que tendría destinar a la infraestructura deportiva los terrenos contemplados para su desarrollo.
De acuerdo con las primeras estimaciones de la institución académica, la compensación económica podría superar los 50 millones de euros.
Se trata de una valoración preliminar, no de una cantidad acordada entre las partes, por lo que el coste definitivo de la operación y las condiciones para disponer de los terrenos siguen pendientes de concretarse.