La Universidad de Málaga (UMA) ha empezado a poner números y variables sobre la mesa para intentar responder a una pregunta que será determinante para el futuro de la Nueva Rosaleda: qué supondría realmente para el campus de Teatinos convivir con un estadio pensado para concentrar hasta 55.000 personas y bajo qué condiciones podría hacerlo.
La institución académica ya tiene en marcha la comisión interna que debe estudiar la posible implantación del nuevo campo en los terrenos de la ampliación de Teatinos.
Un movimiento que se produce después de que el estudio de alternativas encargado por las administraciones propietarias del estadio de Martiricos, con Typsa y Fenwick Iribarren, fuese categórico al situar Teatinos como la opción más adecuada para levantar la futura infraestructura.
Pero el trabajo de la UMA va bastante más allá de poner precio a los terrenos. El presidente de la comisión, el catedrático de Geografía Enrique Navarro, explica que se han planteado cuatro grandes estudios que deberán permitir a la Universidad conocer las consecuencias de una operación que afectaría directamente a su patrimonio y a la actividad diaria del campus.
El primero abordará movilidad, seguridad e impacto en el entorno. La Universidad quiere conocer qué incremento de tráfico podría producirse, cómo afectaría la llegada masiva de espectadores al transporte público y qué necesidades adicionales de seguridad podrían aparecer en los días de grandes eventos.
La hipótesis de partida es que la Nueva Rosaleda no funcionará solo los días de partido del Málaga, ya que la aspiración de los propietarios es que sea un equipamiento con usos durante buena parte del año.
"El campo no se está proyectando solamente para los 24 partidos habituales", explica Navarro. La posibilidad de que el recinto tenga otros usos obliga, a su juicio, a estudiar también el ruido, las emisiones, el consumo de recursos y la convivencia con los estudiantes y con el propio funcionamiento del campus.
Un estadio junto a facultades, aulas y exámenes
La segunda gran cuestión es precisamente esa convivencia. La comisión analizará cómo podría afectar la actividad del estadio a la docencia, la investigación y la vida universitaria, incluyendo situaciones tan concretas como la coincidencia de un evento de gran afluencia con un examen o con una jornada lectiva.
La Universidad tendrá además que estudiar qué sucede con los usos que ya tenía previstos para sus terrenos. La implantación del estadio no afectaría únicamente a la parcela que ocupase el recinto: también obliga a revisar la planificación futura del entorno, los espacios comunes, las zonas verdes y otros equipamientos que la institución contemplaba para la ampliación del campus.
El tercer eje será el jurídico-patrimonial. La UMA analizará el régimen de titularidad de los suelos y cómo encajaría una eventual operación con la normativa que protege su patrimonio. El cuarto será el económico-financiero, que tendrá en cuenta tanto las posibilidades de una eventual colaboración como los costes indirectos que la llegada del estadio podría generar para la propia Universidad.
Entre ellos aparecen, por ejemplo, los gastos adicionales de seguridad durante los acontecimientos o cualquier otra necesidad que tenga que asumir la institución como consecuencia de la nueva infraestructura.
Los 50 millones son solo una pieza del análisis
Este último apartado ha cobrado especial relevancia después de que trascendiera una valoración de los terrenos situada en torno a los 50 millones de euros.
La cifra procede de una estimación del valor de mercado del suelo, pero Navarro insiste en que no constituye una valoración definitiva de lo que la UMA vaya a exigir ni una conclusión sobre la operación.
De hecho, explica que el dato es únicamente una de las variables que se incorporarán al informe económico-financiero y que podría modificarse durante los próximos meses. La comisión pretende analizar el conjunto de la operación, de manera que un estudio pueda incluso introducir elementos que modifiquen las conclusiones de otro.
La valoración del suelo tampoco agotaría, por tanto, la dimensión económica de un eventual acuerdo. La Universidad quiere conocer también qué costes indirectos tendría para ella la presencia del estadio y qué impacto produciría sobre su patrimonio y su planificación.
La incógnita del tráfico y el Metro
Uno de los asuntos que puede resultar más determinante será la movilidad. La comisión ya trabaja con datos, pero Navarro evita adelantar conclusiones porque considera que cualquier cifra aislada podría llevar a interpretaciones erróneas.
El planteamiento parte de una cuestión evidente: qué capacidad existe para mover a decenas de miles de personas en un periodo muy corto. Y no solo mediante el Metro. También habrá que analizar cómo interactuarían esos desplazamientos con el tráfico rodado y con el hecho de que buena parte del trazado del Metro discurra en superficie.
Navarro pone el foco en la diferencia entre conocer la capacidad máxima de un sistema y determinar si ese sistema puede absorber de forma efectiva una concentración extraordinaria de pasajeros en unas pocas horas. No da por hecho que el Metro sea insuficiente, pero sí considera necesario estudiar qué ocurriría ante un escenario de decenas de miles de espectadores entrando y saliendo del recinto.
La cuestión cobra especial relevancia porque el planteamiento conocido del nuevo estadio maneja un aforo de entre 45.000 y 55.000 espectadores.
Hay una dificultad añadida: todavía no existe un proyecto arquitectónico definitivo de la Nueva Rosaleda.
La comisión conoce los estudios y propuestas que se han presentado públicamente, pero no dispone de un proyecto de ejecución que permita saber exactamente cómo será el recinto. Navarro señala que todavía no está definida, entre otras cuestiones, su configuración, orientación o aforo definitivo.
Esto condiciona el trabajo de la Universidad. La propia documentación conocida hasta ahora plantea soluciones como un estadio parcialmente semienterrado para reducir su impacto, pero se trata de propuestas de los estudios previos y no de un proyecto constructivo cerrado.
La comisión que preside Navarro no es todavía el órgano de negociación con el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación o el Málaga CF. Se trata de una comisión interna de la Universidad, en la que participan representantes de la gestión universitaria, el Consejo Social y la comunidad universitaria. El órgano de relación con las administraciones está todavía pendiente de ponerse en marcha.
Su misión ahora es otra: reunir información suficiente para que la Universidad pueda adoptar una posición con conocimiento de causa.
Los cuatro informes serán elevados posteriormente al Rectorado, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, que serán los órganos encargados de tomar la decisión. Navarro no anticipa cuál será el resultado.
La previsión de la comisión es disponer del grueso de los trabajos aproximadamente en torno a febrero, aunque su presidente evita fijar una fecha cerrada y advierte de que algunos datos parciales podrían conocerse antes.