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La operación urbanística para incorporar al PGOU de Málaga 26 asentamientos rurales repartidos por el término municipal se atasca en la Junta de Andalucía.

Casi tres años después de que la revisión del planeamiento recibiese el visto bueno ambiental que abría la puerta a culminar una tramitación iniciada en 2015, la Administración autonómica ha decidido suspender su aprobación definitiva al detectar deficiencias sustanciales que el Ayuntamiento deberá corregir.

La decisión afecta a una revisión parcial del PGOU que plantea incorporar al planeamiento un asentamiento urbanístico en suelo urbano no consolidado, Los Carneros, y 25 hábitats rurales diseminados en suelo no urbanizable.

La suspensión no supone el archivo del expediente ni descarta definitivamente la operación: Málaga tendrá que elaborar un nuevo documento para levantar las deficiencias señaladas y volver a tramitarlo ante la Junta.

El frenazo llega después de un largo recorrido administrativo. El Ayuntamiento remitió el expediente a la Junta en mayo de 2024 para obtener la aprobación definitiva, pero la Consejería reclamó documentación adicional. El expediente no quedó finalmente completo a efectos del cómputo del plazo para resolver hasta el 17 de abril de 2026.

Ahora, un informe emitido el pasado 14 de septiembre por el Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Ordenación del Territorio considera que el documento presenta deficiencias sustanciales que deben ser subsanadas. A partir de ese informe, la Dirección General propuso suspender la revisión parcial, decisión que acaba de formalizar la Consejería mediante una orden fechada el 17 de septiembre y publicada este martes en el BOJA.

El principal problema está en Los Carneros

Uno de los principales obstáculos señalados por la Junta se encuentra en Los Carneros. El informe autonómico considera que la clasificación de suelo propuesta para este ámbito no cumple con la LOUA porque no está integrado en la malla urbana, por lo que reclama que se plantee una clasificación de suelo acorde con su situación.

La Junta también exige que el documento técnico incorpore las determinaciones y documentación previstas en el artículo 36.2 de la LOUA y que se adapte a las exigencias establecidas para la delimitación, ordenación e incorporación al planeamiento de los asentamientos urbanísticos. Entre otras cuestiones, reclama que quede garantizada su adecuada integración territorial y urbanística y la suficiencia de las infraestructuras, dotaciones y servicios previstos.

La otra pata de la revisión afecta a los 25 hábitats rurales diseminados. En este caso, la Junta reclama que se justifique y acredite de forma individualizada la delimitación de cada uno de los ámbitos y que exista coherencia con el concepto legal de Hábitat Rural Diseminado.

La resolución recuerda que se trata de una realidad territorial y social preexistente que el planeamiento puede identificar, delimitar y reconocer cuando concurran los requisitos establecidos legalmente. Por tanto, el Ayuntamiento deberá justificar específicamente cada ámbito incluido en la revisión.

Hay además otra condición relevante: el documento deberá justificar individualmente que las nuevas edificaciones previstas en parcelas vacantes dentro de esos ámbitos son compatibles con la clasificación actual del suelo, que figura como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial y urbanística, POTAUM-Montes de Málaga.

La Junta reclama igualmente que quede garantizado el mantenimiento del carácter rural de estos espacios y que su incorporación al planeamiento no derive en una transformación hacia estructuras de naturaleza urbana.

El informe desfavorable incorpora además cuestiones derivadas de los informes sectoriales. En concreto, exige que el documento técnico incorpore el condicionado del informe en materia de Cultura y las observaciones recogidas en la Declaración Ambiental Estratégica que hacen viable ambientalmente la revisión del PGOU.

La revisión había superado precisamente uno de los hitos ambientales más importantes en noviembre de 2023, cuando la Junta emitió la Declaración Ambiental Estratégica final. El documento urbanístico cuenta además con una prórroga de la vigencia de esa declaración fechada el 29 de enero de 2026. En total, los espacios afectados concentran cerca de un millar de viviendas.

La lista de hábitats está integrada por Locotta-San Antonio (190), Costilla (19), Los Arias (11), El Mallorquín (30), El Ciprés (13), Cortijo del Conde (33), Salinas (33), El Cerrillo (19), Cuesta del Cerrado (112), Casas de Lanza (15), Los Vázquez (22), Los Ruices (8), El Mirlo (15), Matagatos (12), Los Negros (22), Molino de San Telmo (9), Los Pintados (22), Cotrina (21), Valladares (19), Venta El Boticario (12), Venta El Detalle (48), Las Maravillas (18), La Pocaria (15), Las Tres Marías (15) y Alto Jaboneros (37).