Cinco entidades culturales de Málaga reclaman respuestas formales sobre la legalidad y protección patrimonial de las esculturas instaladas en el puerto.
Las organizaciones critican la falta de valoración artística independiente y cuestionan tanto la calidad de las obras como el proceso de aceptación municipal.
Se señalan dudas sobre la valoración económica de las esculturas, cuyo precio fue fijado unilateralmente por el artista sin tasación independiente.
Las asociaciones también muestran preocupación por la cercanía de las esculturas al Bien de Interés Cultural del Centro Histórico y piden mayor transparencia en las decisiones.
La polémica por las esculturas del puerto de Málaga lejos de desvanecerse gana en intensidad.
Apenas una semana después de formalizarse el acuerdo del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria para prolongar un año más la presencia de la obra de Ginés Serrán en la entrada principal del recinto portuario, las cinco entidades culturales que vienen cuestionando su instalación han hecho público un nuevo comunicado.
En el mismo, reclaman a las Administraciones respuestas formales sobre la protección patrimonial, la licencia urbanística, los informes técnicos, las condiciones de la donación y la autorización para mantener las obras en el mismo emplazamiento.
La Sociedad Económica de Amigos del País, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y el resto de entidades firmantes consideran que la controversia se ha desplazado del terreno cultural e institucional al de la confrontación pública.
Y sostienen que el debate ya no gira únicamente alrededor de las cuatro esculturas, sino también sobre cómo se toman determinadas decisiones que afectan al espacio público de la ciudad.
Las organizaciones recuerdan que han presentado escritos ante las Administraciones competentes y sostienen que algunas de sus preguntas siguen sin respuesta. En este sentido, invocan el artículo 21 de la Ley 39/2015, que establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla en los supuestos previstos legalmente, así como la normativa de transparencia para las solicitudes de acceso a la información.
Su reclamación, subrayan, no pasa por exigir que las Administraciones compartan su posición, sino porque "respondan y motiven sus decisiones". También cuestionan que las declaraciones realizadas públicamente puedan sustituir, a su juicio, las contestaciones formales a los escritos registrados.
Dudas sobre la valoración artística
Uno de los principales bloques de su nuevo comunicado se dirige contra el informe municipal que avala la aceptación de las esculturas.
Las entidades consideran llamativo que el documento califique las obras como "piezas de calidad" y al autor como "consolidado y con prestigio" y sostienen que esas afirmaciones aparecen acompañadas de un análisis que, según denuncian, no desarrolla aspectos como la calidad escultórica, la originalidad, la composición, las proporciones, el lenguaje artístico, la ejecución o la relación de las piezas con el espacio portuario.
Cuestionan qué valoración artística independiente se realizó antes de que el Ayuntamiento aceptara la cesión y hasta qué punto el documento municipal se apoya en argumentos procedentes del propio ofrecimiento del artista y de su página web.
También ponen el foco en la valoración económica de las obras. El conjunto fue cifrado en tres millones de euros, pero las entidades destacan que esa cantidad no procede, según señalan, de una tasación municipal ni de una valoración independiente. El propio informe municipal, recuerdan, recoge que los importes fueron fijados unilateralmente por el autor.
La condición de la donación
Otro de los puntos de discrepancia es la condición planteada inicialmente para la cesión de las esculturas.
Según recuerdan, el autor estableció la necesidad de mantenerlas en su actual emplazamiento o trasladarlas a otro "emplazamiento digno". Una exigencia que, de acuerdo con el comunicado, fue analizada por la Asesoría Jurídica Municipal, que advirtió de que se trataba de una "condición, pero de imposible concreción objetiva".
Pero el frente que puede tener una consecuencia más inmediata está en la Autoridad Portuaria.
El Consejo de Administración autorizó el pasado 6 de marzo la presencia de las esculturas durante seis meses y, según recuerdan las entidades, lo hizo expresamente “sin posibilidad de prórroga”.
La propia Autoridad Portuaria anunció entonces que, una vez concluido ese periodo, las obras serían desmontadas y trasladadas. El plazo ha terminado y ahora se plantea una nueva autorización para mantenerlas durante otro año en el mismo emplazamiento.
Las entidades no cuestionan en términos generales las competencias que la normativa portuaria atribuye a la Presidencia para determinadas autorizaciones temporales. Su duda es cómo puede utilizarse esa competencia para dar continuidad material a una instalación que el Consejo de Administración había autorizado expresamente durante seis meses.
A su juicio, si existen nuevas circunstancias que justifican reconsiderar la decisión adoptada en marzo, debería ser el propio Consejo de Administración el que examinara esas circunstancias y, en su caso, modificara de manera motivada su acuerdo anterior.
A las organizaciones firmantes les preocupa la proximidad de las esculturas con el Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico y dan a entender que su presencia puede degradar sus valores.