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Las claves

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga, rechazando de plano que solo se penalice a los vehículos más contaminantes matriculados fuera de la ciudad, no ha alterado, de momento, la hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento.

De hecho, la estrategia del equipo de gobierno pasa por recurrir el fallo y mantener intacto el sistema sancionador, que desde finales del año pasado libra por completo a los vehículos afincados en la capital, con independencia de su antigüedad y grado de contaminación.

Y es justo en este escenario judicial cuando se han dado a conocer nuevos datos sobre el impacto de la ZBE sobre los ciudadanos. De acuerdo con las últimas estadísticas aportadas por el Consistorio, ante una pregunta formulada por Con Málaga, desde que se puso en marcha el mecanismo sancionador hasta finales del pasado mes de mayo se acumulan 35.457 expedientes entre el 1 de diciembre de 2025 y el 24 de mayo de 2026.

Esto supone que, según los datos del Área de Seguridad, cada día hay del orden de 200 vehículos que son cazados por el amplio sistema de cámaras distribuido por el perímetro que regula el acceso a las 437 hectáreas que conforman la zona.

Conforme al procedimiento reglado, es la Policía Local la que remite la propuesta de sanción, que puede alcanzar los 200 euros, al objeto de que sea Gestrisam el que se encargue de dar continuidad con la multa definitiva.

Estas cifras se conocen, paradójicamente, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya decidido anular parcialmente la ordenanza al entender que el diseño actual discrimina y perjudica injustamente a los conductores de fuera de la capital.

La documentación oficial divide el periodo en dos bloques temporales bien diferenciados que muestran cómo se comportó la infracción:

  • El impacto del arranque (diciembre 2025): Solo en las primeras cuatro semanas de implantación real (del 1 al 28 de diciembre), las cámaras cazaron a 6.213 infractores, registrando el promedio diario más alto de toda la serie: 221,8 multas al día.
  • El valle de año nuevo (enero 2026): En el periodo comprendido entre el 29 de diciembre y el 1 de febrero, el volumen experimentó un ligero respiro, acumulando 5.499 denuncias (157,1 diarias).
  • La estabilización (febrero-mayo 2026): En el segundo informe del área , que desglosa la actividad a lo largo de 16 semanas completas, los datos se vuelven de una regularidad casi matemática. El sistema procesó 23.745 denuncias, manteniendo un pulso constante de 212 sanciones diarias. El pico de este tramo se dio en la semana del 9 de febrero (1.652 multas) y el suelo en la del 27 de abril (1.395 multas).

La ordenanza municipal establece una sanción de 200 euros por cada acceso no autorizado a las 437 hectáreas protegidas, una cantidad que se reduce a la mitad (100 euros) en caso de acogerse al pronto pago.

Haciendo un cálculo matemático sobre el volumen totalizado de 35.457 denuncias, el escenario recaudatorio permite concluir que el Ayuntamiento habría generado potencialmente un volumen de sanciones de 7.091.400 euros, un valor que bajaría a los 3,5 millones de euros en caso de que los afectados pagasen de manera rápida.

Estos datos permiten realizar una proyección del impacto que podría tener la ZBE al cierre de un ejercicio completo.

Si se mantiene el actual ritmo de 202,6 sanciones diarias, el sistema rozaría las 74.000 denuncias al año —en torno a 73.950 expedientes—, una cifra que evidencia la elevada intensidad del control automatizado implantado por el Ayuntamiento. Y, de manera directa, el resultado económico sería de unos 14,8 millones de euros anuales.

Lo que es evidente es que en menos de seis meses de aplicación, la ZBE ha rebasado las previsiones prudenciales que plasmó el Consistorio en sus presupuestos para todo el año 2026.

El Ayuntamiento había calculado originalmente 2,2 millones de euros anuales sumando la ZBE y los nuevos sistemas de foto-rojo en los cruces urbanos.

El escollo con el que se topa el Ayuntamiento es que el TSJA tumba parcialmente la normativa, al entender como discriminatorio que la ZBE de la capital de la Costa del Sol exima de las restricciones a cualquier turismo, por contaminante que sea, que esté empadronado y pague el sello de circulación en Málaga capital.

Por el contrario, veta progresivamente el paso a los vehículos con etiquetas más antiguas procedentes de la corona metropolitana o del resto de la provincia.