El Ayuntamiento de Málaga inicia la redacción de un nuevo plan urbanístico para el Centro Histórico que revisará más de 1.100 edificios.
El objetivo es que el Consistorio asuma directamente la autorización de obras en el centro, competencias que ahora gestiona la Junta de Andalucía.
La revisión incluirá un análisis individualizado de 905 inmuebles protegidos, 274 edificios con protección ambiental y decenas de elementos patrimoniales singulares.
El nuevo plan busca agilizar trámites, facilitar la rehabilitación y atraer inversión privada, además de identificar y proteger nuevos elementos patrimoniales.
Casi 40 años después de la entrada en vigor el Plan Especial de Reforma y Protección Interior (Pepri) del Centro de Málaga, que ha funcionado a modo de corsé urbanístico sobre uno de los espacios más sensibles del municipio, el Ayuntamiento pone en marcha la redacción de un nuevo documento.
Una apuesta de enorme carga simbólica que incorporará la revisión uno a uno de más de 1.100 edificios y redefinirá buena parte de las reglas que ordenan actualmente el corazón monumental de la ciudad. El contrato activado alcanza los 699.259 euros y cuenta con un plazo de 26 meses.
Pero detrás de la actualización del viejo PEPRI de 1989 hay un objetivo político y administrativo de gran relevancia: que el Consistorio pueda asumir directamente la autorización de obras y actuaciones en el Centro Histórico, competencias que actualmente dependen en buena medida de la Junta de Andalucía.
La futura aprobación definitiva del nuevo plan permitirá al Ayuntamiento solicitar formalmente la delegación de competencias prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Delimitación de la zona Pepri Centro.
Traducido a la práctica, Málaga busca poder tramitar y autorizar directamente numerosas intervenciones urbanísticas y patrimoniales dentro del ámbito protegido del Centro, reduciendo trámites y ganando autonomía sobre uno de los espacios más sensibles y estratégicos de la ciudad.
El movimiento no es menor. El actual PEPRI es de mucho antes de que el Centro Histórico fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico en 2012. Esa declaración obligaba legalmente a adaptar el planeamiento a las exigencias patrimoniales establecidas por la legislación andaluza y estatal, algo que seguía pendiente más de una década después.
Ahora, Urbanismo activa una revisión integral que afectará a un mínimo de 1.170 inmuebles y elementos patrimoniales, en el que será el mayor análisis edificio a edificio realizado en décadas en el Centro Histórico de Málaga.
La operación incluye la revisión de 905 inmuebles con algún grado de protección arquitectónica, otros 274 edificios con protección ambiental, así como decenas de elementos singulares, jardines, espacios públicos y edificios con pinturas murales históricas.
El nuevo catálogo también pondrá bajo la lupa 86 inmuebles con pinturas murales confirmadas y otros 148 susceptibles de conservarlas, muchos de ellos actualmente sin protección específica.
El trabajo irá mucho más allá de una mera actualización administrativa. Los equipos técnicos deberán inspeccionar físicamente los edificios, analizar su evolución histórica, estudiar transformaciones sufridas durante décadas y determinar si deben mantener, elevar, reducir o incluso perder parte de su nivel de protección.
Mayor agilización
La revisión llega en plena transformación del casco histórico, sometido desde hace años a una intensa presión inmobiliaria, turística y comercial. El futuro documento fijará qué intervenciones serán posibles, cómo deberán integrarse nuevas edificaciones, qué elementos deberán preservarse y qué operaciones urbanas deberán corregirse o revertirse por resultar incompatibles con los valores patrimoniales del conjunto histórico.
Entre los objetivos expresos del nuevo plan figura también favorecer la rehabilitación y la inversión privada mediante una mayor agilización administrativa. El Ayuntamiento sostiene que asumir directamente competencias sobre las obras permitirá acortar plazos y facilitar actuaciones de regeneración urbana.
La dimensión técnica del trabajo explica la magnitud del contrato. El proceso se desarrollará en seis fases durante 26 meses e incluirá diagnóstico urbanístico, participación ciudadana, evaluación ambiental, elaboración del nuevo catálogo y análisis individualizado de alegaciones.
La fase clave será la tercera, de diez meses de duración, centrada en el análisis detallado de los bienes protegidos. Los técnicos deberán elaborar nuevas fichas digitalizadas compatibles con los sistemas de información geográfica municipales, generando una gran base de datos patrimonial actualizada del Centro Histórico.
Además, Urbanismo abre la puerta a incorporar nuevos elementos patrimoniales actualmente no catalogados, como fuentes, miradores, chimeneas industriales, escudos, torreones o espacios urbanos de interés histórico.
El contrato exige un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en patrimonio, arqueología, restauración, rehabilitación histórica y sistemas GIS, además de perfiles jurídicos, ambientales y expertos en participación ciudadana.
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 2 de julio.