Las claves

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Dos años después de que el Ayuntamiento de Málaga tomase cartas en el asunto y abriese una cruzada en toda regla contra el monstruo de la vivienda turística, los datos oficiales ponen de manifiesto que el impacto real sobre este tipo de alojamientos sigue siendo escaso.

Esta es la interpretación que puede hacerse de la lectura de los datos recogidos en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, base oficial en la que, a 27 de febrero de 2026 siguen apareciendo dadas de alta un total de 12.748 inmuebles para su explotación como arrendamientos de corta duración.

Un primer valor relevante es que este volumen supera con creces las que había cuando la Junta de Andalucía aprobó el decreto mediante el que dejaba sobre el tejado de los ayuntamientos la decisión de afrontar el serio problema que ya representaban este tipo de alojamientos.

En ese momento, la Consejería de Turismo tenía registradas en la capital de la Costa del Sol 11.117 viviendas turísticas. Es decir, 1.631 menos que en la actualidad.

La gravedad de la comparativa es mayor si se tiene en cuenta que en estos dos años el Ayuntamiento malagueño ha llegado a aprobar y aplicar varias acciones con las que buscaba frenar en seco el incremento de inscripciones y rebajar el parque residencial destinado a este uso alternativo.

La primera de las medidas incluida en este plan fue aplicar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), según el cual el uso de vivienda turística obliga a disponer de una entrada independiente. Un extremo que incumple buena parte de los pisos registrados.

Pese al contenido de la resolución aprobada por la Gerencia de Urbanismo y la decisión del Ayuntamiento de dar una vuelta de tuerca más, con la prohibición de permitir nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la capital (coincidentes con los que presentaban un mayor tensionamiento del mercado), un año después de la entrada en vigor del decreto, en febrero de 2025, las viviendas turísticas dadas de alta alcanzaban ya 13.305.

Eran 2.188 unidades más. La cifra no se vio rebajada hasta agosto de 2025, cuando el registro enumeraba 12.870 inmuebles.

Y es en ese momento, cuando el equipo de gobierno del PP opta por poner sobre la mesa una moratoria con la que prohibir por completo la apertura de nuevos alojamientos de este tipo. La drástica medida tiene una duración de tres años desde su entrada en vigor. En el momento en que vio la luz había 12.870 pisos turísticos en la ciudad.

Es ahora justamente cuando se cumplen seis meses desde ese momento. Y la realidad sigue constatando la escasa eficacia de las medidas; en particular en lo tocante al papel de la Administración regional.

Los datos actualizados confirman que hay 12.748 registrados como pisos turísticos. Apenas 120 menos que cuando se puso en marcha la moratoria.

El análisis de lo ocurrido evidencia que las primeras medidas funcionaron más como freno parcial de la velocidad de crecimiento que como mecanismo capaz de invertir la tendencia.

El primer cambio de sentido en la curva se observa precisamente tras la moratoria, aunque con una corrección tímida si se compara con el volumen total.

Frente a las medidas aplicadas, el Ayuntamiento se está encontrando con una rebelión evidente por parte de los propietarios de viviendas turísticas, que llegan a los tribunales en su oposición a las restricciones planteadas.

El nivel de la contestación puede medirse, por ejemplo, en la presentación de varios cientos de recursos judiciales en los que se rechaza la determinación municipal de solicitar a la Junta de Andalucía la cancelación de sus inscripciones en el registro autonómico y, como consecuencia, impedir que sigan explotando sus inmuebles como alojamientos temporales.

Impacto negativo

La apuesta municipal por poner límites a la expansión de la vivienda turística, lejos de la permisividad de los años anteriores, parte de una premisa clara: su impacto social y sobre el mercado inmobiliario.

De ello queda constancia en los diversos informes elaborados en estos años, en los que se ponen de relieve los grandes males de estos negocios temporales de alojamiento. El crecimiento exponencial de estos inmuebles ha hecho que se hayan convertido en asunto de "interés general".

Y ello porque su masiva presencia provoca "pérdida de la identidad de la ciudad, afección al derecho a la vivienda, problemas de convivencia en las comunidades de vecinos, despersonalización del servicio y precariedad laboral".

En este escenario, se concluye la existencia de "un deterioro de las condiciones de vida de las personas residentes" en los barrios ahora blindados "como consecuencia de soportar de forma más intensa la presencia de inmuebles destinados a esta forma de alojamiento".