El Ayuntamiento de Málaga avanza en su apuesta por desbloquear, más de una década después, la ordenación del entorno de San Joaquín, un núcleo nacido de la autoconstrucción y al margen del desarrollo planificado de la ciudad.
Con este objetivo, la Gerencia de Urbanismo viene trabajando desde hace años en la revisión del Plan Especial PT‑2 San Joaquín, que forma parte del PGOU de 2011, con la intención de adaptar su planeamiento a la realidad física y social del barrio y hacer viable su urbanización efectiva.
Esta área, situada en el entorno de la carretera A‑7075 entre el Puerto de la Torre y Almogía, comenzó a parcelarse a finales de los años 70 al margen de un proceso urbanizador ordenado, dando lugar a un tejido de viviendas autoconstruidas, calles sin salida, pendientes extremas y ausencia casi total de equipamientos y suelo público.
Según la documentación técnica, casi el 50% del suelo del ámbito está ya edificado con viviendas unifamiliares aisladas, y la franja más cercana a la carretera se describe como “muy edificada, casi colmatada”.
El PGOU de 1997 ya preveía un plan para "cubrir déficits de urbanización", con el objetivo de ordenar los espacios públicos, gestionar su transformación y distribuir las inversiones necesarias.
Si bien ese documento fue aprobado definitivamente en septiembre de 2010, nunca llegó a ejecutarse.
Una revisión para legalizar
Ante el bloqueo real, Urbanismo asumió la revisión integral del Plan Especial PT‑2 San Joaquín. El documento, en fase de aprobación inicial, redefine la zonificación, las alineaciones, la parcelación y la gestión, ajustando el ámbito a unos 72.697 metros cuadrados.
La filosofía de la revisión pasa por legalizar la mayor parte posible de las viviendas existentes, no por disparar el número de casas.
Esto lleva a los técnicos a eliminar la antigua ordenanza de Colonia Tradicional Popular (CTP), apostando por la calificación de vivienda unifamiliar aislada (UAS) en distintas subzonas, ajustando edificabilidad y tamaños de parcela a lo que ya está construido o en uso.
El propio documento insiste en "evitar la densificación del sector", mantener su carácter suburbano y rústico y “evitar el aumento excesivo del número de viviendas”.
El resultado son 106 viviendas previstas en la ordenación final, con una densidad de 14,64 viviendas por hectárea, una cifra baja que cumple la LOUA y que encaja con la idea de regularizar un barrio básicamente ya consolidado, colmatando solo los vacíos urbanos existentes.
Autoconstrucción
El diagnóstico que acompaña al plan dibuja un barrio con graves carencias estructurales.
El sector se ha ido consolidando como un asentamiento disperso: parcelas en laderas de topografía inadecuada, algunas sin acceso rodado, otras con fachadas demasiado estrechas, y una red viaria que funciona como un conjunto de fondos de saco conectados precariamente a la A‑7075 a través de calles como Lagarillo y Agapanto.
No existen conexiones interiores sólidas ni itinerarios peatonales cómodos, apenas hay acerado y las pendientes de muchas vías superan las máximas recomendables, lo que complica la accesibilidad y la seguridad.
Cada propietario con derechos urbanísticos recibe una parcela en la que pueda ejercer su aprovechamiento, y las parcelas ya edificadas mantienen su ubicación, cediendo solo lo necesario para completar viales y espacios públicos.
La ordenación se apoya en las calles existentes (Lagarillo, Agapanto, San Joaquín, Buque, Fragata) y las refuerza con nuevos viales y conexiones internas, eliminando en lo posible los fondos de saco y permitiendo que el barrio funcione como una unidad continua.
Se prevén cinco tipos de viales: desde calles con dos sentidos, aceras de 1,50 metros y aparcamiento en batería, hasta vías de tráfico restringido a residentes o calles peatonales con escaleras para salvar las pendientes más acusadas.
Un plan sostenible
En el documento se especifican unos gastos de urbanización próximos a los 2,7 millones de euros, que habrán de ser financiados en su mayor parte por los propietarios.
Uno de los capítulos más desarrollados del documento es el ambiental. El análisis de corredores ecológicos pone el foco en el papel de los arroyos, de la vía pecuaria y de la continuidad con el Parque Natural Montes de Málaga como grandes estructuras verdes supramunicipales.
Actualmente, el barrio apenas cuenta con arbolado en sus calles y las zonas verdes previstas en el planeamiento anterior no han llegado a materializarse.
El plan proyecta la plantación de 72 árboles en los viales, lo que supondría un índice de unos 16–16,5 árboles por cada 100 habitantes, muy próximo al promedio del conjunto de la ciudad, además de unos 400 ejemplares adicionales en las áreas verdes interiores y perimetrales, con especies autóctonas y de bajo consumo hídrico.
Asimismo, se incorporan medidas para reducir el riesgo de inundación asociado al arroyo de las Cañas, aumentar la permeabilidad del suelo y facilitar el acceso de vehículos de emergencia en caso de incendio.