Las claves

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La entidad Meridianos, gestora del Centro de Menores Infractores de Churriana, ha salido al paso de la polémica generada en torno a este lugar tras los graves incidentes registrados la noche del pasado 9 de enero, cuando dos internos de 16 y 18 años fueron detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de delitos de daños, amenazas y resistencia y desobediencia, así como otros incidentes acontecidos en los últimos meses en el mismo entorno.

Los hechos mencionados se produjeron en torno a las 22.17 horas del 9 de enero, cuando varios vecinos alertaron al 112 de que algunos internos habían roto el cristal de una ventana y arrancado una verja del edificio, mostrando una actitud violenta.

Los testigos grabaron vídeos en los que se escucha a algunos jóvenes increpar a los vecinos desde el interior del recinto, mientras que residentes de la zona aseguran que la situación se originó tras quejas por la cena. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales, sin que fuera necesaria la intervención de los servicios sanitarios al no constar heridos.

Este episodio ha reavivado el malestar vecinal en la urbanización El Olivar, donde desde hace meses se cuestiona la idoneidad del centro en un entorno residencial. Su presidente, Alejandro Vedia, ha afirmado que “este caso ha sido el más gordo, pero no es el primero”, asegurando que “todas las semanas hay un grito o una amenaza”. La comunidad mantiene abiertos dos contenciosos para solicitar el cierre del CIMI, uno contra el concurso de la Junta de Andalucía y otro contra la autorización concedida por el Ayuntamiento de Málaga, además de medidas cautelares pendientes de resolución judicial.

En este contexto, Meridianos ha defendido públicamente la integración urbana del CIMI de Churriana, asegurando que la ubicación del centro responde a criterios técnicos y educativos plenamente consolidados y que “el respaldo institucional y social es fundamental para favorecer los procesos de integración y reinserción de los menores”. La entidad recuerda que existen centros similares en ciudades como Almería, Madrid o Logroño, integrados en entornos urbanos “sin que ello haya supuesto incidencias para la convivencia ni para la seguridad ciudadana”.

La gestora insiste en que el centro no responde a una lógica exclusivamente de custodia, sino que está orientado a la intervención psicoeducativa y a la reintegración social. “Estos entornos refuerzan el concepto de espacios que educan y transforman”, subrayan, al tiempo que destacan la buena conexión del recinto con la ciudad y la facilidad de acceso para las familias, jueces y equipos técnicos del sistema de justicia juvenil.

En relación con las críticas vecinales sobre la seguridad, Meridianos asegura que el CIMI Málaga “es un espacio seguro” y que cuenta con vigilancia presencial las 24 horas, sistemas de videovigilancia, puestos de control y una valla perimetral especializada de cinco metros de altura, instalada desde el inicio de su actividad. Por ello, desmiente “de forma categórica” cualquier afirmación que apunte a riesgos para la convivencia ciudadana.

Por último, la entidad ha expresado la preocupación del equipo profesional del centro, formado por personal “altamente cualificado”, ante un debate público que, a su juicio, pone en cuestión su labor y la continuidad de un proyecto educativo “plenamente legal, seguro y evaluado de forma permanente”.