Las claves

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Los colectivos sociales que llevaban encerrados en el edificio de la Junta de Andalucía de la calle Ollerías de Málaga capital han sido desalojados por la Policía Nacional después de que el Gobierno Andaluz haya puesto una denuncia ante la autoridad judicial competente para que ordenara el desalojo si así lo estimaba.

La operación, según ha informado la Junta de Andalucía, ha estado dirigida por la Policía Nacional, que ha estado al mando de la situación en todo momento y a quienes agradecemos su trabajo.

Además, han señalado que "en todo momento ha estado la mano tendida por parte de la administración, pero ante la insistencia en mantener una ocupación ilegal y forzosa de un inmueble público, que no reunía condiciones de habitabilidad y además suponía un riesgo para las personas allí presentes, se procedió a interponer una denuncia".

El inmueble ubicado en calle Ollerías 15 es de la Junta de Andalucía. El pasado junio de 2024 se lo vendió a White Málaga, un fondo israelí.

Hasta ahora era sede de la ONG Málaga Acoge, con quien se llegó a un acuerdo para su traslado a otra ubicación, debido al proceso administrativo de enajenación por el que el inmueble estaba afectado, además de no contar con las condiciones necesarias de habitabilidad, seguridad, ni salubridad. De ahí que dicha ONG se haya trasladado a otro inmueble de la Junta de Andalucía en la calle Palestina.

Durante la tarde de este viernes 16 de enero, el inmueble de calle Ollerías fue "ocupado de forma ilegal por el colectivo Un Techo Por Derecho, con el apoyo de otras plataformas, y que alrededor de una decena de personas se encontraban en el interior", según han explicado las fuentes consultadas.

Desde la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Inclusión Social, establecieron una interlocución con la plataforma que "no fue fructífera, pues la pretensión de la plataforma era obtener un pronunciamiento inmediato sobre la cesión de una vivienda para las personas encerradas en el inmueble".

Asimismo, la Junta ha explicado que intentaron "llegar a un acuerdo con este colectivo ante la negativa a salir del edificio y se les propuso abordar las situaciones de las personas sintecho una por una, en un ambiente de normalidad y tranquilidad y de forma organizada".

Finalmente, al no poder llegar a ningún acuerdo y debido a "la insistencia de mantener una ocupación ilegal y forzosa de un inmueble público", la Junta de Andalucía ha denunciado los hechos y los colectivos sociales que se encontraban en el interior del edificio han sido desalojados.