Seis meses. Ese es el tiempo máximo que las grandes esculturas cedidas por el artista Ginés Serrán al Puerto de Málaga permanecerán expuestas en la entrada principal al recinto portuario desde la Plaza de la Marina.
Así lo ha anunciado este miércoles la Autoridad Portuaria en un comunicado oficial en el que justifica la decisión en la "controversia generada" entre diversas instituciones de carácter cultural y social en relación con el grupo escultórico “Las columnas del mar".
Con ello confirma un cambio claro en su planteamiento inicial, que era el de mantener sine die estas esculturas, que llegan a alcanzar los 11 metros de altura (incluido el pedestal) en este punto del recinto.
La institución presidida por Carlos Rubio alude a las conversaciones mantenidas en los últimos días con el Ayuntamiento, acordándose que la exposición temporal del citado grupo escultórico "se limite a un periodo de seis meses".
Una vez alcanzado ese plazo, "se procederá a su desmontaje y traslado a una ubicación consensuada y con menor impacto".
Pese a que la decisión de exponer estas figuras en el Puerto se conoce desde hace meses, ha sido en los últimos días cuando se ha generado una corriente crítica. Muestra de ello es la puesta en marcha de una recogida de firmas para impedir que avance la propuesta.
A ojos de los promotores, la actuación carece de la debida transparencia, plantea serias dudas desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, al tiempo que impacta sobre la imagen de la ciudad.
La operación, no obstante, fue objeto del acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria, en el que están presentes todas las Administraciones públicas. Al tiempo, cuenta con el respaldo de la Ley de Puertos.
El conjunto está formado por cuatro esculturas monumentales —un Neptuno, una Venus y dos leones de tamaño colosal— fundidas en bronce y colocadas sobre pedestales.
Según el escrito hecho público por los firmantes, el grupo escultórico responde a un criterio estético pseudoclasicista, que califican de "ampuloso y anacrónico", y que, a su juicio, incumple el principio de que las obras situadas en el espacio público deben ser un testimonio digno de la cultura de su tiempo, especialmente en un enclave de alto valor simbólico y urbano.
Uno de los aspectos más criticados es la falta de información pública previa. Denuncian que el contrato de cesión se formalizó sin la difusión ni el debate público que, entienden, exige una intervención de estas características.
La ubicación elegida es otro de los puntos clave del conflicto. El conjunto se sitúa en la entrada del recinto portuario, en el límite con el Centro Histórico de Málaga, declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Para los firmantes, se trata de un espacio de confluencia entre la ciudad y su puerto, por lo que cualquier actuación en ese punto tiene una incidencia urbanística, histórica y cultural que trasciende el ámbito portuario y afecta a la imagen que Málaga proyecta