Alba Bordonaba, la propietaria de la Tapería Aliolé, en el barrio de La Victoria, bajó definitivamente la persiana el pasado 21 de diciembre tras nueve años de trabajo ininterrumpido. “No he tenido ni un solo año de descanso en mi vida”, resume.

Abrió con 24 años, cuando aún creía que el esfuerzo tenía recompensa, “con muchos conocimientos de cocina, pero pocos de hostelería”. El golpe de la pandemia llegó justo cuando el negocio debía empezar a ser rentable. Pero pese al riesgo de desmoronarse, Alba no despidió a nadie, mantuvo a su plantilla con ERTE y siguió pagando seguros sociales, alquiler, licencias y facturas. La ayuda pública que recibió, 643 euros, ni siquiera cubría una mensualidad de alquiler. “Pero aún así, estuve al pie del cañón”, sostiene.

A esa asfixia se sumaron sanciones, inspecciones y problemas estructurales del local que Alba califica de vicios ocultos. “Por no contrastar el relato de una vecina, me multaron por la música, tuve que poner un limitador acústico homologado, pagar informes técnicos… más de 3.000 euros solo por eso”, explica. Después llegaron las inundaciones provocadas por una instalación de agua "obsoleta".

Tras cuatro días de cierre en la primera inundación, sin ingresos y con empleados a su cargo, Alba intentó una mediación con las propietarias del local, sin éxito. “Sabían perfectamente el contrato que me hicieron firmar. Es abusivo. Doce abogados lo han visto y todos dicen lo mismo, recomiendo a los jóvenes que emprendan que les asesoren bien, que se rodeen de buen equipo”.

Estos días desmonta el local mientras lucha contra un gripazo, pero sobre todo un agotamiento mental extremo. “Es como dejar a un hijo después de nueve años. Lo he dado todo. El dinero, el tiempo, la salud”. No se va de la hostelería por falta de vocación, sino por supervivencia. “Amo mi trabajo por encima de todo, estaba enamorada de Aliolé pero ahora mismo no es momento de abrir nada. Lo que necesito es paz, y creo que me voy a ir a vivir a Aragón, donde tengo mucha familia”.

Junio con incertidumbre

A unos kilómetros de allí, pero en una situación igual de frágil, está Nuria Alba, propietaria de Mercería Alba, un pequeño comercio de mercería y papelería que lleva una década dando servicio al barrio de Huelin. Su contrato de alquiler, también de diez años, expira en junio. La propietaria ya le ha comunicado que no renovará. El local se convertirá, está convencida, en una vivienda. “Ya no hay locales. O los tiran o los hacen casas”, lamenta.

Nuria busca un espacio donde trasladarse, pero no encuentra nada asumible. “No sé dónde voy a meter la mercancía. Si no aparece un local, tendré que liquidarlo todo”. Le duele especialmente abandonar el barrio. “Aquí tengo a mis clientes de toda la vida. Empezar desde cero en otro sitio es muy duro”.

A los 55 años, sin derecho a paro ni ayudas, su perspectiva es desoladora. “¿Dónde voy ahora? A esta edad no te contratan”, lamenta.

La joven hostelera de Aliolé lamenta dejar a los vecinos “sin un lugar seguro”, sin un sitio tranquilo en el barrio donde pasar un buen rato, pero cree que las franquicias acabarán ganando terreno en la zona, muy cercana al centro, junto a las viviendas a pie de calle.

Por su parte, Nuria Alba concuerda con que el comercio de proximidad está condenado a pena de muerte si no cambia el modelo de ciudad. “Todo se quiere para el turismo, pero Málaga no solo vive de sus bares y de los guiris. A este paso vamos a acabar comiéndonos ladrillos cuando busquemos trabajo”.

Tiene una opinión similar Noemí Miaja, una manicurista que llevaba seis años en La Paz con su propio negocio y que el pasado 29 de diciembre traspasó su local oficialmente, cediendo las llaves a la nueva propietaria.

En su caso, no ha habido desahucio ni final de contrato, pero sí una decisión tomada desde el límite emocional. Lleva una muy mala racha con la ansiedad. Sentía que su negocio le asfixiaba, algo que no ve justo. “Llegó un punto en el que no podía más”, explica.

A la presión constante de la cuota de autónomos, los seguros y los gastos fijos, se sumaba una carga invisible, pero determinante. “Me estaba perdiendo momentos increíbles con mis dos niños y no me estaba dando cuenta. Para que el negocio fuera mínimamente rentable, y ni aún así, tenía que pasarme el día aquí”, asevera.

Además, ha notado que su clientela cada vez apuraba más los tratamientos, como las uñas permanentes. En lugar de hacérselas cada tres semanas, se las hacían una vez al mes, con suerte. Eso hace que los ingresos se espaciaran más de la cuenta. “Y había meses muy malos”.

Por todo ello, Noemí ha optado por cerrar una etapa y abrir otra radicalmente distinta: preparar oposiciones. “Creo que en este país no se dan alas al emprendimiento, que al final se penaliza a todo aquel que da el paso; yo cierro y no tengo derecho a nada de nada”, explica. Su caso refleja otra de las grandes heridas del pequeño comercio, la conciliación imposible y el precio personal que pagan, especialmente, las mujeres autónomas.

Tres historias distintas que confluyen en un mismo diagnóstico. El pequeño comercio malagueño se vacía no por falta de trabajo, sino por un contexto que empuja al cierre. Alquileres que duplican precios, locales convertidos en viviendas, ausencia de una red de protección real para los autónomos y un modelo de ciudad que complica la situación de sus locales de siempre, liderados por vecinos de sus barrios.