Ni los más pesimistas del lugar podían imaginar que la ambiciosa apuesta por levantar una gran torre de hasta 144 metros de altura en el puerto de Málaga se iba a convertir en una odisea casi tan extraordinaria como el viaje de Ulises tras la Guerra de Troya.

La edificación, convertida en "hito" arquitectónico de primer nivel por quienes la adoran y tachada de "atentado" contra el horizonte por los que la aborrecen, adquiere, además, una condición que nada tiene que ver con el cemento o el hormigón: haberse convertido en un imán de la más dura confrontación política.

El último revés para los intereses de quienes promueven esta mayúscula operación urbanística, que pretende levantar un complejo de casi 45.000 metros cuadrados de uso hotelero, comercial y un centro de convenciones junto a la estación de cruceros, lo protagoniza Puertos del Estado.

El organismo estatal, que en los ya diez años de recorrido se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor, acaba de devolver a Málaga el expediente de la polémica Torre del Puerto.

Lo hace menos de un mes después de que la Autoridad Portuaria enviase con destino a Madrid la propuesta de intervención diseñada por el estudio de arquitectura de David Chipperfield y promovida por el fondo de inversión catarí Al Alfia y la firma hotelera Hesperia. Lo hizo tras disponer del aval de sus técnicos.

Todo esto ocurre en un contexto de enorme "presión" para los dirigentes de Puertos del Estado. Así lo aseguran fuentes consultadas, que vienen a señalar que en este momento la torre es una especie de "patata caliente" que no quieren tener en Madrid.

De un lado, las fuentes hablan de "histeria" existente en el PSOE de Málaga, que, si bien durante años defendió a capa y espada la iniciativa, ahora ha hecho de la anulación del proyecto un asunto clave de su estrategia política.

Frente a la posición de los socialistas malagueños, la del PSC, cercano a Hesperia, uno de los pilares de la operación.

Otro factor a tomar en consideración es la presencia clave de Catar en este proyecto. Hay que recordar que en 2022 el Gobierno de España alcanzó un acuerdo con la familia real catarí para "elevar el nivel de sus relaciones bilaterales a la categoría de asociación estratégica".

Un movimiento clave ante el interés de Catar de activar hasta 5.000 millones de euros de inversión en España. Y la Torre del Puerto es una de esas actuaciones.

Por más que la decisión final, confirmada este miércoles, ha sido objeto de conversaciones entre los dos estamentos portuarios, evidencia el dificultoso camino al que se enfrenta la iniciativa.

Mayor justificación del interés general

Desde Puertos del Estado, según confirmó el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, reclaman una mayor justificación sobre el interés general de la intervención, así como más informes técnicos.

El traspiés, en cualquier caso, tiene una afectación limitada, por cuanto no era previsible que Puertos del Estado enviase de manera inmediata el expediente al Consejo de Ministros, ente al que corresponde levantar la prohibición del uso hotelero que pesa sobre el espacio portuario.

Desde que los inversores cataríes depositaron en octubre de 2015 un primer aval de 2 millones de euros en el Puerto para activar la solicitud formal de concesión de los suelos del dique de Levante son numerosos los escollos a los que se ha enfrentado un proyecto de enorme calado político.

Lo tuvo en sus orígenes, cuando, sorprendentemente, aunó los parabienes del Partido Popular, en aquel entonces al frente del Gobierno central y del Ayuntamiento de Málaga, y del PSOE, responsable de la Junta de Andalucía.

De hecho, fue Paulino Plata, presidente socialista de la Autoridad Portuaria, y con el amparo de la Junta, quien puso la primera piedra para el desarrollo de este gran edificio.

Aquella fotografía institucional chocaba con la existencia de un movimiento social contrario, que con el paso del tiempo ha ido ganando peso.

No sólo en el número de detractores, sino en la calidad de su rechazo, como lo demuestra el hecho de que haya dos recursos judiciales formulados por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

En ambos casos, los promotores impugnan la modificación del Plan Especial del Puerto que fue aprobada de manera definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga a finales de 2023. Este ajuste es esencial para hacer posible la intervención, al asignar un volumen edificatorio de hasta 45.000 metros cuadrados a la parcela elegida.