La Junta de Andalucía ha logrado recuperar desde 2019 un total de 288 viviendas públicas okupadas en la provincia de Málaga. De todas ellas, 157 se localizan en la capital de la Costa del Sol.
Así lo ha dado a conocer este miércoles la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha puesto en valor el compromiso de la Administración regional "para luchar contra la okupación ilegal, la inquiocupación y el uso fraudulento de las viviendas públicas para llevar a cabo actividades ilegales".
La responsable autonómica ha relacionado este fenómeno con "el abandono y la falta de control de los anteriores gobiernos socialistas sobre el parque público residencial".
"Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo recuperar cada inmueble ocupado para devolverle la función social que nunca debería haber perdido", ha señalado, al tiempo que ha informado de que en lo que va de año ya se han recuperado 50 viviendas en la provincia. Y 31 ya han sido adjudicadas a familias vulnerables.
Los datos han sido ofrecidos durante una visita a viviendas recuperadas y adjudicadas a la Congregación de las Hermanas Filipenses para reforzar su programa de atención y acogida para mujeres sin recursos y con hijos a su cargo. La rehabilitación de estos inmuebles ha supuesto una inversión de 500.000 euros.
"Hace tres años estas viviendas estaban ocupadas ilegalmente y hoy vuelven a ser el hogar de dos familias que inician una nueva vida", ha destacado.
Sistema andaluz
Navarro ha recordado que la Junta ha reforzado en los últimos años los mecanismos de control y protección del patrimonio residencial, con medidas como la creación del Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal.
De igual modo, se ha establecido un protocolo de verificación pionero, en colaboración con los ayuntamientos, para proteger el patrimonio residencial de Andalucía y garantizar el fin social al que se destinan estos inmuebles. Este contrato ha sido adjudicado por 7,5 millones de euros.
"Por medio de este protocolo podremos supervisar de manera periódica más de 25.600 viviendas en las ocho provincias, tanto para detectar ocupaciones ilegales como para atender las necesidades que puedan tener algunas familias, como modificaciones temporales de la renta o permuta de viviendas", ha explicado.