El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha autorizado el desahucio administrativo de una madre y sus tres hijos que ocupaban desde 2020 una vivienda de protección oficial en Málaga sin título legal alguno.
La decisión adoptada, que ampara la posición del Ayuntamiento de Málaga, se produce tras quedar constatada la actitud "renuente" y de falta de colaboración de la ocupante con los servicios sociales y acreditar la existencia de medidas municipales tendentes a proteger a los menores.
Con este fallo, que tiene fecha del pasado 17 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Málaga, permite al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a ejecutar este desahucio administrativo.
El procedimiento se inició a raíz de la denuncia del IMV, que constató la ocupación ilegal del inmueble y la falta de cooperación de la ocupante con los servicios sociales municipales. Otro argumento empleado es que el inmueble ha sido ya asignado provisionalmente a otra unidad familiar en situación o riesgo de exclusión social.
Para el TSJA, quedan demostrados los esfuerzos del IMV, que desde 2023 intentó evaluar la situación social y habitacional de la familia e incluso ofreció informes y entrevistas para valorar ayudas, siempre rechazadas por la madre.
El expediente judicial recoge varios intentos de intervención de los servicios sociales en noviembre y diciembre de 2023, todos infructuosos ante la negativa de la ocupante.
Argumentos de las partes y la decisión judicial
La defensa de la inquilina argumentó que el desahucio supondría dejar a los menores en riesgo de exclusión, mientras que el Ayuntamiento insistió en que la "renuencia de la ocupante" fue determinante para no poder articular más alternativas.
Por parte del IMV, se puso de relieve la reiterada actitud no colaboradora de la madre, así como que sus ingresos (900 euros mensuales) y la falta de disposición para buscar alternativas imposibilitaban a la administración ofrecer soluciones específicas.
El tribunal estableció que el desahucio debía ejecutarse en el plazo de tres meses y permitiendo la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso necesario. Esta resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. De acuerdo con la información aportada desde el Consistorio, la idea es que tenga lugar en el mes de octubre.
Con esta sentencia, el TSJA respalda la línea seguida por el IMV en Málaga, donde la presión sobre la vivienda social es máxima —la ciudad cuenta con al menos 240 expedientes de desahucio en trámite— y donde la protección de los colectivos vulnerables debe armonizarse con la recuperación de inmuebles para nuevos beneficiarios.