Los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Málaga para limitar la explosión de la vivienda turística en sus barrios parecen no surtir, de momento, los frutos deseados. Al menos en el plano estadístico.

Muestra de ello es que el número de alojamientos temporales inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía en el último año y medio, el transcurrido desde la entrada en vigor del decreto regional, lejos de disminuir se ha disparado de manera apreciable.

Frente a las 11.117 referencias que había recogidas en la base de datos a fecha del pasado 23 de febrero de 2024, las 12.845 que había incluidas a fecha de este miércoles. Son 1.728 inmuebles más.

El dato sorprende si se tiene en cuenta que en este intervalo de tiempo, el Ayuntamiento ha aprobado de manera continuada dos grandes acciones para frenar nuevas autorizaciones.

La primera de ellas fue exigir que cualquier nuevo alojamiento dispusiera de entrada independiente; la segunda fue la prohibición de permitir nuevas aperturas en un total de 43 barrios de la ciudad, donde el nivel de saturación es mayor.

Pese a estos avances, el número de viviendas turísticas ha seguido creciendo. En buena medida porque la Junta de Andalucía no las ha dado de baja, pese a la petición del equipo de gobierno, de su registro regional.

Como consecuencia de esta tendencia, se ha producido, según confirmó este miércoles el alcalde, Francisco de la Torre, una variación al alza de barrios saturados. Este título corresponde a aquellas zonas donde los pisos turísticos representan al menos el 8% del total de inmuebles.

De los mencionados 43 inicialmente establecidos por el Consistorio, en el marco de una medida que se viene aplicando a principios de año, se pasa ahora a 53.

Las nuevas incorporaciones son La Araña, El Olivar, La Casita de Madera, parte de Pedregalejo, La Manía, La Caleta, San Miguel, Barcenillas, Monte Sancha y Perchel Sur.

Moratoria

Esta es la fotografía que puede tomarse justo cuando el Ayuntamiento ha decidido cerrar el círculo y ha activado de manera casi inmediata de una moratoria por un plazo máximo de tres años para congelar nuevas viviendas turísticas.

La limitación afecta al conjunto de la ciudad, con independencia del grado de saturación de los barrios y de que los inmuebles cuenten o no con entrada independiente.

El movimiento, que va a ser validado este jueves por la Junta de Gobierno Local, tiene un valor extraordinario y forma parte del inicio de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU) con la que se pretende regular el uso turístico y residencial en la capital de la Costa del Sol.

Aunque los protagonistas evidentes son los pisos turísticos, la realidad es que el ajuste del planeamiento puede tener incidencia, también, sobre los apartamentos turísticos y los hoteles de más baja categoría.

De hecho, De la Torre fue claro al vincular la intervención con la apuesta por un turismo de alto valor y por la llegada de nuevos hoteles de calidad. "Alfombra roja a los hoteles", llegó a expresar.

El cambio ahora anunciado permitirá clarificar el régimen de usos adaptado a las nuevas circunstancias residenciales y turísticas, permitiendo a la Administración local establecer instrumentos de ordenación y control, tanto en suelo urbano consolidado como en desarrollos futuros.

"Tiene como objetivos reconocer el uso turístico como un uso diferenciado y no asimilable automáticamente al uso residencial; establecer condiciones específicas para su implantación y dotar a la administración municipal de un marco jurídico claro para articular medidas de regulación, suspensión cautelar de licencias o zonificación, conforme al interés general", se argumenta desde la Casona del Parque.

Otro aspecto a tener en consideración es que la actual normativa urbanística municipal no recoge la regulación del uso cohousing, coliving o flexliving, pudiendo ser alternativas necesarias en el contexto del uso residencial colectivo.