Soplan buenos vientos para el Metro de Málaga y para los socios que asumen su explotación comercial.

Lejos de los tiempos de duda y zozobra que afectaron de lleno al suburbano de la capital de la Costa del Sol en sus primeros años, el funcionamiento del ferrocarril urbano vuelve a dejar beneficios millonarios en la caja del fondo de origen francés que ostenta casi el 76% de la sociedad.

Esta es la aplastante conclusión que se extrae del análisis de las cuentas anuales de la entidad Metro de Málaga al cierre del ejercicio 2024.

De acuerdo con la información oficial, consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, finalizada la anualidad pasada, la explotación comercial del Metro malagueño reportó beneficios por valor de 47,1 millones de euros. Un valor que supera con creces los casi 44 millones de 2023.

Del beneficio global, 44.989.907,72 euros son distribuidos en forma de dividendos entre los socios implicados en el proyecto del suburbano, a los que sumar otros 2.176.901,27 euros que se destinan a reserva legal.

De acuerdo con la documentación, son cinco las entidades que se reparten beneficios: La Agencia de Obra Pública, dependiente de la Junta de Andalucía, que cuenta con el 23,69% (33.273.433 acciones); VIM S. A. R. l., con un 33,39% y 46.905.074 acciones; CORE Infraestructure I, con el 24,7% y 34.697.886 acciones; Mircom Concesiones de Infraestructuras, con el 10,56% y 14.826.788 acciones, y por CORE Infraestructure II, con el 7,66% y 10.755.174 acciones.

245 millones en dividendos

Ampliando el foco a todo el periodo de explotación del suburbano, la infraestructura ya ha dejado beneficios por un valor superior a los 307 millones de euros. De ellos, unos 245 millones han sido repartidos en concepto de dividendos.

Una de las razones que explica el incremento en los resultados económicos tiene que ver con la consolidación del suburbano como alternativa fiable para los malagueños. Muestra de ello es que 2024 cerró con más de 18 millones de pasajeros.

Pero a este elemento hay que agregar la singularidad que presenta el contrato de concesión suscrito entre la Junta de Andalucía y la concesionaria, que obliga a la Administración regional a compensar con decenas de millones de euros a los socios privados por los enormes retrasos acumulados en la construcción y puesta en servicio.

Esa aportación queda englobada dentro del conocido como parámetro A, fijado durante un "periodo transitorio" que, tras la última modificación contractual, a finales de 2020, se mantendrá vivo hasta finales del año 2027.

Esta fecha no fue elegida al azar, sino que se hizo coincidir con el momento en que se esperaba que los trenes recorriesen el tramo final entre la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, y el entorno del Hospital Civil.

Ahora sabemos que es imposible que se cumpla este calendario. De hecho, es más que previsible que haya que esperar a 2030 para que este hito tenga lugar.

Una vez se confirme la imposibilidad de cumplir con los plazos inicialmente pactados, el contrato ya contempla la posibilidad de prorrogar el periodo transitorio "de manera automática por un periodo máximo de hasta 3 años".

Asimismo, el acuerdo establece que "si llegado el 31 de diciembre de 2030 no hubiera ocurrido la puesta en servicio total por causa no imputable a la Sociedad, el período transitorio quedará nuevamente prorrogado hasta tanto se produzca la fecha de puesta en servicio total".

Cobros del parámetro A

De acuerdo con las cuentas de 2024, los cobros por el parámetro A ascendieron a 92.409.604,2 euros, unos 5,2 millones más que los del ejercicio anterior, cuando fueron 89.241.157,52 euros. La secuencia sigue con los 86,4 millones abonados en 2022; los casi 83,7 millones de 2021 y los casi 75 millones de 2020.

Con esta aportación la Junta trata de garantizar el equilibrio económico-financiero del proyecto dada la imposibilidad de alcanzar el umbral de viajeros estimado como necesario, de unos 20,7 millones anuales, así como los evidentes retrasos en la terminación de las obras.

Aunque el peso de los ingresos por prestaciones de servicios sigue siendo bajo en relación con las aportaciones de la Junta, el año pasado se produjo un crecimiento más que relevante. En concreto, fueron 14,6 millones de euros, frente a los 10,9 millones de 2023 y los 6.378.561,87 de 2022.