Un grupo de vecinos de la barriada de Churriana, en Málaga capital, han vuelto a salir a la calle este sábado para protestar contra la decisión de la Junta de Andalucía de abrir un centro de internamiento de menores infractores (CIMI) en la zona.
Una de las razones de la oposición es que la adjudicación del contrato de este servicio, con un valor de 23 millones de euros, afecta a un edificio que “incumple los requisitos técnicos”. No obstante, el principal motivo se centra en la localización, un entorno residencial privado. "Sería el único centro en Andalucía en un entorno semejante. Y es para toda la provincia de Málaga", explica Alejandro Vedía, presidente de la comunidad de propietarios.
Los vecinos explican que el propio Informe Técnico de Valoración del concurso, en su apartado 6.1 Recursos Materiales, asigna sólo 0,75 puntos sobre 3 posibles a la propuesta finalmente seleccionada, de la empresa Meridianos S.L, señalando, expresamente, "contradicciones entre lo indicado en la memoria y en los planos”, así como la "falta de correspondencia entre los espacios ofertados y los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas", y una “planificación funcional inadecuada de las zonas de control y supervisión".
También centran sus críticas en el Ayuntamiento de Málaga, que ha validado unas obras que, en su opinión, exceden lo que se puede permitir con una tramitación con declaración responsable.
Precisamente, el pasado miércoles, informan, un inspector de la Gerencia de Urbanismo, acompañado de un coche de la Policía Local, visitó las instalaciones para comprobar si se cumplía con el proyecto presentado por declaración responsable, según vecinos que fueron testigos.
Ese mismo día, añaden, un camión cargado de vigas no había pedido permiso para parar el tráfico en la urbanización. “Lo quieren hacer a toda prisa. El día 1 estaban talando árboles”, añadió el presidente de la urbanización.
La queja vecinal se viene calentando desde que el pasado 24 de abril la Junta de Andalucía adjudicara a Meridianos el contrato para la apertura de este centro, del que carece la provincia desde el cierre de las instalaciones que había en Torremolinos.
Desde la fecha de adjudicación, la firma dispone de 15 días hábiles para presentar la documentación que acredite que cuenta con todos los permisos. Y ello incluye la licencia de apertura. Este nuevo CIMI, insisten los vecinos, será gestionado por Meridianos y no directamente la Junta, dando cabida a 50 menores en régimen de internamiento. A los mismos se sumarán otros que acudan los fines de semana y quienes se sometan a tratamiento de adicciones.
“La elección de una antigua residencia de monjas retiradas de La Asunción, en un núcleo residencial, nos parece un atropello a los vecinos de Churriana. La adjudicataria empezó las obras antes de la adjudicación; el Ayuntamiento está permitiendo unas obras con declaración responsable que incluyen apertura de huecos en fachada y tala de árboles y ha habido cero participación ciudadana en este proceso, los vecinos nos enteramos por la prensa”, explica Vedía.
“¿Por qué tienen que abrirlo en un entorno que no está preparado? Las calles son calles de viviendas unifamiliares, que no pueden acoger ni el tráfico ni el aparcamiento para 80 trabajadores que irán allí, incluidos los de seguridad”, añade.
A su juicio, lo razonable es que si se necesita un equipamiento de este tipo, la Junta debe exigir a los ayuntamientos la ubicación de parcelas con este fin. “No es de recibo que a toda prisa lo abran en un entorno en el que los vecinos jamás imaginamos que íbamos a tener un equipamiento de estas características”, añade.
Escrito a la Junta
La comunidad de propietarios ha mandado un escrito a la Delegación de Justicia de la Junta en Málaga, de quien va a depender el centro, pidiendo que se acuerde la no formalización del contrato. Aducen para ello, entre otras razones, que “no puede ejecutarse un contrato público sobre una actividad no autorizada urbanísticamente, basándose únicamente en una Declaración Responsable”.
Los vecinos se quejan de que la valla que está planteada en el perímetro del centro no reúne los requisitos adecuados para un edificio donde hay menores sancionados con penas privativas de su libertad. “Este tipo de estructura no ofrece garantías de resistencia, ni condiciones de contención, ni protección del entorno, como las que requiere un centro de internamiento con privación de libertad, donde deben prevenirse fugas, agresiones desde el exterior, y garantizarse un control visual y físico del perímetro”. De hecho, el cierre del centro de Torremolinos es mucho más alto y sólido que el planteado en El Olivar, con unas vallas metálicas.
A esta carencia se suma la ausencia de plazas de aparcamiento habilitadas, accesibles y reguladas para el volumen de personal y logística que exige un centro de estas características, explican los vecinos en el escrito a la Junta.
Los vecinos anuncian que se seguirán movilizando tanto en la calle como en los tribunales. “Pagamos impuestos para que las administraciones gestionan y planifiquen bien sus recursos. No puede ser que se improvise de esta manera, en una ubicación no apta”, añadió Vedía.