La losa económica que pesa sobre el día a día del Metro de Málaga sigue alcanzando una dimensión extraordinaria. Los números en los que se cifran los compromisos futuros del mayor proyecto desarrollado por la Junta de Andalucía en las últimas décadas en la capital de la Costa del Sol se aproximan a los 2.000 millones de euros, según los últimos datos oficiales.

Así queda reflejado en el informe emitido por la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía del año 2023. En ese documento, en el que se realiza una inspección detallada de las operaciones del Gobierno regional, destaca la hipoteca que tiene que afrontar la Administración regional para sufragar todos los costes del suburbano hasta el año 2042, año en el que finaliza el periodo de concesión actualmente vigente.

Esta realidad contrasta con la placentera situación en la que se encuentra actualmente el ferrocarril urbano, consolidado como una verdadera alternativa de movilidad sostenible (los más de 18 millones de pasajeros al cierre de 2024 así lo demuestran) y con la mirada fija en el Hospital Civil, punto al que aspira a llegar antes de que finalice la presente década.

Atendido el informe de la Cámara de Cuentas, en 2023 los compromisos pendientes de abonar por parte de la Junta alcanzaban los 2.098,61 millones de euros, cuantía muy superior a los 1.269,9 millones del Metro de Sevilla. La evolución de estos compromisos futuros pone de manifiesto una continua y paulatina rebaja de esta cantidad, con lo que es factible pensar que al cierre de 2024 ya esté por debajo de los 2.000 millones.

A modo de ejemplo sirva recordar que en el mismo informe sobre la Cuenta General de la Junta de 2022 el valor pendiente era de 2.211,85 millones de euros. El estudio de los documentos emitidos desde 2014 en adelante permite corroborar un descenso en las mencionadas obligaciones económicas.

Casi 3.000 millones

Sirva exponer que el año en que el Metro malagueño fue inaugurado oficialmente (finales de julio de 2014), aunque con un trazado mermado en sus dimensiones, el organismo regional estimó compromisos futuros por 2.988 millones de euros. De acuerdo con esta comparativa, en el transcurso de los últimos nueve años, esta especie de losa ha descendido en unos 890 millones.

Lo llamativo del caso es que esta losa, que se ha acercado a los 3.000 millones, es exponencialmente más grande que la que se planteó cuando se firmó el contrato de construcción y explotación comercial del Metro, a finales de 2004. En aquellos tiempos, la Junta había estimado el coste real del suburbano en 1.096 millones de euros.

¿A qué se debe la enorme variación en los compromisos futuros? El propio Gobierno andaluz justificó en el documento de 2014 las razones: "En dicho ejercicio (2014) tiene lugar un hito importante en el desarrollo del proyecto; concretamente, se realiza una redefinición del mismo, acordada con la concesionaria, BEI y Ayuntamiento de Málaga que da lugar a un reequilibrio del Plan Económico Financiero de la Concesionaria y a una modificación del contrato de concesión", precisaba.

La alusión se refiere a la modificación del trazado pactada para eliminar la llegada del trazado hasta La Malagueta y su sustitución por un tajo soterrado hasta la Alameda y, en superficie, hasta el Hospital Civil. Este importante ajuste, con el que se logró salvar el proyecto, trajo consigo una actualización de los compromisos presupuestarios vinculados al proyecto, "tanto de explotación como de capital".

Sirva recordar que diez años después de aquel acuerdo, la obra del Metro al Civil apenas avanza en el primero de los tres subtramos en el que se ha dividido el tajo completo, estando pendiente la adjudicación del segundo. Y lejos de la pretensión inicialmente pactada entre las partes, el trazado no irá a ras de calle, sino bajo tierra. Una alteración que obligó, de nuevo, a la Junta a modificar las condiciones del contrato con sus socios privados.

En ese documento, se establece la ampliación del periodo transitorio ya iniciado en 2014, después de que el Gobierno andaluz incumpliese los compromisos de puesta en servicio del recorrido previsto. El nuevo escenario temporal se extiende hasta 2027, dando por hecho que la puesta en servicio del tramo al Civil tendrá lugar antes del 31 de diciembre de ese ejercicio. Un hito que se antoja inviable dado el desarrollo actual de los trabajos.

Una posibilidad que abre la puerta a que, nuevamente, el periodo transitorio se extienda en el tiempo, algo contemplado en el acuerdo vigente entre la Junta y la concesionaria.

Ante la opción de que por causas no imputables a los socios privados el Metro al Civil no empezase a funcionar en los plazos previstos, el contrato fija la extensión de manera automática de este mismo periodo transitorio hasta 2030, cifrando la suma que tendrá que aportar la Administración regional en 104, 107 y casi 111 millones en 208, 2029 y 2030, respectivamente.