La amenaza judicial que en los últimos años ha pesado sobre la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basura de Málaga se diluye. Y ello después de que el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Málaga haya tumbado la pretensión de los otrora socios privados de la extinta Limasa de suspender los acuerdos plenarios que sirvieron de base para la transformación de la entidad en pública al 100%.
El fallo judicial ahora conocido, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, tiene fecha del pasado 22 de marzo y se produce después de que a mediados del año 2020 la entidad Seruma (Servicios Urbanos de Málaga), integrada por FCC, Unicaja, Sando y Urbaser, llevase a los tribunales al Ayuntamiento.
En su demanda, la sociedad privada venía a reclamar la anulación de los diferentes acuerdos plenarios y de la Junta de Gobierno Local que sirvieron para municipalizar la antigua Limasa, que hasta ese momento tenía un 51% de participación privada, quedando el otro 49% en manos del Consistorio.
Uno de los argumentos empleados por los socios privados de Limasa III era que la memoria técnica y económica que se utilizó para defender el proceso de municipalización era errónea, entre otras razones porque lejos de la tesis municipal de que el cambio de modelo iba a suponer un ahorro para las arcas municipales, el coste iba a ser superior.
Analizados los escritos presentados por ambas partes, el juez encargado del asunto considera que "no concurre motivo de nulidad alguno". "El Ayuntamiento lo que pretendía con los acuerdos impugnados era volver a ejercer una competencia propia que, en su momento, se encomendó a un tercero (Seruma)", se añade.
El contrato con esta entidad quedó extinguido en marzo de 2017, firmándose una prórroga durante varios años más, "sin pasar de los cinco años", con el fin de que la Administración decidiese la forma de gestión a adoptar y su puesta en marcha.
Asimismo, el juzgado pone el acento en que desde el Consistorio se siguió una tramitación en la que se dio a la recurrente "hasta DOS traslados para alegaciones de las que hizo un uso con gran desarrollo argumentativo para recuperar y ejercer por sí mismo una competencia que le era propia y obligada".
La lectura de la sentencia confirma la posición del juzgado a favor del Consistorio. "Este juzgado quiere desterrar sin que quede margen alguno de duda las insinuaciones llevadas a cabo por la mercantil recurrente y sus abogados en cuanto que toda la tramitación seguida por la administración estaba larvada por un interés subrepticio rozando lo antijurídico para evitar que la mercantil continuase con la llevanza del servicio público de recogida de residuos urbanos y limpiezas diarias y procurar, a sabiendas de su injusticia, un cambio en el sistema de gestión", se recoge.
Al tiempo, se incide en que desde el momento en que se firmó la prórroga del contrato, el Ayuntamiento dejó clara su intención de estudiar nuevos modelos de gestión y se recuerda que desde que se activaron los trámites para el nuevo modelo municipal y la presentación del contencioso por parte de los privados, estos no han aportado documentación que demuestre la formulación de una querella o denuncia penal "por algún intento delictivo por parte del Ayuntamiento de abreviar y, en última instancia, prevaricar para conseguir su decisión".
"Del examen del expediente administrativo por este juez, absolutamente nada apunta a una actuación punible del Ayuntamiento de Málaga. Tales maledicencias carecen de más recorrido que lo que aquí se acaba de concluir", apostilla.
Motivo por el cual es desestimado el recurso de Seruma, sobre la que recae el pago de las costas, que se limitan a una cuantía máxima de 6.000 euros. El fallo establece la posibilidad de presentar recursos de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.