Nada se deja al azar en un contrato como el del Metro de Málaga, proyecto cuyo coste final acabará superando con toda seguridad los 900 millones de euros. Pero la lectura de los vínculos que unen desde finales de 2004 a la Junta de Andalucía con la concesionaria del suburbano, ahora en manos, principalmente, de un fondo de inversión francés, deja a las claras quién sale más perjudicado en el remoto e hipotético escenario de que el contrato quedase roto.
Los números no engañan y evidencian hasta qué punto será el Gobierno andaluz el más penalizado en el caso improbable de que hoy mismo decidiese romper el actual contrato de explotación del ferrocarril urbano.
Todo ello queda recogido en las cuentas anuales correspondientes a 2021 y aprobadas hace apenas unos meses por Metro de Málaga. EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso a este documento y puede informar de la letra pequeña sobre la que generalmente nadie pone luz.
En uno de estos rincones, ignorado seguramente por los miles de usuarios que se suben todos los días a los trenes del Metro, se explica de manera pormenorizada cómo existiría una compensación en favor de la sociedad concesionaria por más de 867,4 millones de euros en caso de que la resolución del contrato "fuese por causa imputable" a la Junta.
De acuerdo con la explicación oficial, se trata del resultado del "cómputo de los beneficios esperados" en el periodo restante de la concesión, que finaliza en 2042. Ese es el valor patrimonial estimado a fecha de 31 de diciembre de 2021. En el informe de cuentas se precisa que esta cuantía ha sido actualizada al plan económico-financiero resultante de la última modificación del contrato de concesión firmada el 22 de octubre de 2020.
Como consecuencia de ello, se observa un cierto incremento respecto a la penalización estimada en 2020, que era de casi 850 millones, pero desciende respecto a finales de 2018, cuando la cuantía alcanzaba los 902,5 millones de euros.
Una de las particularidades del contrato del Metro de Málaga es que garantiza a los actores vinculados al proyecto el cobro de una importante suma económica incluso en caso de que sean ellos los que unilateralmente decidan romper el vínculo.
En ese supuesto, según el documento actual, se toma como referencia un valor patrimonial de 401,7 millones de euros. Una suma correspondiente, entre otros detalles, al Valor Patrimonial de la Inversión equivalente al valor de las obras realizadas, la adquisición de bienes necesarios para la explotación.
La paradoja es que, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo a finales de 2018, cuando la cifra de la compensación se reducía, ahora se incrementa respecto a 2020. Y lo hace a razón de unos 5,4 millones de euros.
Causas de "fuerza mayor"
La tercera variable que se toma en consideración es que el fracaso del Metro se debiese a causas de "fuerza mayor", supuesto en el que el concesionario, tendrá derecho a percibir de la Administración el Valor Actual Neto de los beneficios esperados en los próximos cinco años actualizados a una tasa equivalente a la del TIR del capital propuesto en el Plan económico-financiero". En resumen, tendría derecho a ser compensado con 595.315.714,50 euros, 15 millones más que lo estimado a finales de 2020.
Pero si todas estas referencias fuesen pocas, hay que añadir la posición clave que asume la Agencia de Obra Pública como salvaguarda económica de la concesionaria para afrontar el pago del préstamo concedido en su día por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o para cumplir los ratios de financiación exigidos.
En este sentido, el propio contrato de concesión especifica que mientras esté en vigor el crédito del BEI, hasta el año 2030, la Junta "se compromete a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de financiación".