El Ministerio de Cultura sigue haciendo los deberes que se ha autoimpuesto tras abrir un expediente de expolio ante la posibilidad de que la construcción de la torre del puerto, con sus 116 metros de altura (según los datos de los promotores), afecte al patrimonio histórico de Málaga.
Y en la línea de lo ya hecho a principios del pasado mes de noviembre, cuando reclamó informes a cinco organismos, ahora da otro paso más y extiende esta misma demanda a cuatro de los actores públicos claramente vinculados a la operación del hotel: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Autoridad Portuaria de Málaga y Puertos del Estado.
"Como parte de la tramitación del expediente, tal y como marca la ley, se ha pedido a las partes interesadas (Junta Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Autoridad Portuaria de Málaga y Puertos del Estado) que aporten cuanta información estime oportuna", han precisado desde el ministerio a EL ESPAÑOL de Málaga.
Con este movimiento se da voz a tres administraciones que hasta la fecha han sido claros promotores y defensores de la ejecución del proyecto, impulsado por un fondo de inversión de origen catarí.
Se da incluso la circunstancia de que el Consistorio puso sobre la mesa la posibilidad de acudir a la vía judicial ante los reparos de Cultura, aduciendo una vulneración de las competencias urbanísticas.
El pronunciamiento de estos cuatro entes vendrá a sumarse al ya reclamado meses atrás por el organismo estatal a la Real Academia de Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Escuela de Arquitectura de Málaga y la Academia de Bellas Artes de San Telmo, también de Málaga.
La incoación del expediente se produjo "ante la eventualidad de que se produjera una supuesta expoliación de los bienes de Patrimonio Histórico Español". Así se recogía textualmente en una respuesta emitida por el Gobierno a finales del pasado mes de septiembre. En la misma se recordaba que el Ministerio de Cultura emite informes "sobre la construcción de todas aquellas infraestructuras que amenacen la integridad del Patrimonio Histórico Español".
Y se aludía a la existencia de "una denuncia mediante escrito" presentada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), analizando "extensamente el posible impacto negativo del proyecto de construcción de la Torre del Puerto de Málaga".
Desde el ministerio, no obstante, no aclaran ni el sentir de los informes ya demandados ni el calendario que aún puede tener por delante la tramitación del expediente. La conclusión del mismo se antoja será concluyente respecto al pronunciamiento que finalmente pueda tener el Gobierno ante esta propuesta.
Entre tanto, queda pendiente por resolver el conflicto jurídico que mantienen desde hace meses el Ayuntamiento y Puertos del Estado respecto al modo en que se debe proceder una vez sea aprobada definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico, esencial para poder permitir la construcción del hotel pretendido.
En el intento de acercar posturas y dilucidar los criterios de interpretación existentes, el equipo de gobierno municipal acordó remitir una petición al Consejo Consultivo de Andalucía para que analice el asunto y se pronuncie respecto al camino a seguir.