El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos para reactivar el desalojo definitivo de la Casa Invisible. Al acuerdo plenario celebrado el pasado mes de octubre, en el que la mayoría de la Corporación avaló el avance en este camino, hay que sumar ahora el encuentro mantenido por los concejales de Ordenación del Territorio, Raúl López, y de Cultura, Noelia Losa, con los representantes del colectivo. Un cara a cara en el que se ha enseñado la salida a La Invisible.
Según relata López, durante la reunión se ha informado a los representantes del movimiento cultural y social de la existencia de informes por parte de los técnicos de Urbanismo que inciden en la necesidad de proceder a una rehabilitación integral del edificio, okupado de manera irregular desde hace ahora 14 años.
Una intervención que implicaría la salida de los actuales inquilinos del inmueble, situado en la calle Nosquera y de titularidad municipal. "Hemos mostrado nuestra cercanía para encontrar soluciones alternativas al colectivo", ha precisado el edil de Ordenación del Territorio. Opciones que pasan por encontrar espacios alternativos para su realojo.
Sin embargo, según expone, la respuesta de La Invisible ha sido contraria. "Nos dicen que por qué no se lleva a cabo ese trabajo de rehabilitación por fases, de manera que puedan convivir con la obra", apunta el concejal. Una posibilidad que, de inicio, queda descartada. "Los informes nos aconsejan que sea integral", apostilla.
"Hay que recordar que hay salas que están clausuradas, que no tienen agua porque está cortada", precisa, admitiendo el temor a que las taras que tiene la construcción, que se mantienen en el tiempo, puedan generar un accidente en el interior. "Nos preguntan por qué actuamos ahora y lo hacemos porque es una situación que se viene sosteniendo y porque nunca se acaba acometiendo esta intervención", defiende.
"Hemos ofrecido alternativas, pero no quieren, quieren quedarse dentro porque piensan que si salen no volverán a entrar"
En esta línea, López abunda: "Hay una situación de inacción mantenida en el tiempo y unos informes que aconsejan esa intervención; no sé lo que aconsejaban a los anteriores responsables municipales, pero sí sé lo que me aconsejan a mí". "Hemos ofrecido alternativas pero no quieren, quieren quedarse dentro porque piensan que si salen no volverán a entrar", añade.
A la espera de nuevos movimientos, el camino en el que avanza el equipo de gobierno debe acabar en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local reactivar el proceso de desalojo. El mismo que ya inició el Ayuntamiento a mediados de 2018 tras disponer de numerosos informes concluyendo la necesidad de desalojar el edificio.
La determinación se adoptó después de un decreto de Urbanismo de finales de 2014, que clausuraba parte de las dependencias, y de detectar numerosos incumplimientos. La documentación municipal denunciaba el desarrollo de actividades sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones, algunas como la de bar sin ligazón con actividades culturales, y falta de colaboración en las inspecciones requeridas y la imposibilidad de acceso al personal técnico para la actualización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Urbanismo también llegó a decretar la "inmediata suspensión/cese" de la actividad de restauración/bar/cafetería que se prestaba en el edificio por no estar regularizadas las autorizaciones.
Los técnicos citaban "un riesgo grave y extraordinario" para la salud pública, al hacerse uso de un agua "no apta para el consumo y con riesgos para la salud". Los análisis realizados detectaron indicadores fecales.