El Ayuntamiento de Estepona no ha recibido ofertas para vender suelo destinado a 199 viviendas protegidas.
La subasta pública de los terrenos municipales en el sector Camino de Cortes Norte ha quedado desierta.
El precio de salida conjunto de los suelos era de 2,95 millones de euros, con una rebaja del 25% sobre la valoración técnica.
El concurso buscaba promotores que ofrecieran rebajas sobre el precio máximo permitido por la normativa autonómica para las viviendas protegidas.
Jarro de agua fría para el Ayuntamiento de Estepona en su apuesta por liberar suelo para la construcción de 199 viviendas protegidas sobre suelo municipal.
Tras salir al mercado en la búsqueda de un promotor dispuesto a comprar los terrenos, situados en el sector SURS E-11, denominado Camino de Cortes Norte, la subasta pública se ha cerrado sin ofertas.
Ante esta ausencia de licitadores, la Junta de Gobierno Local acordó declarar desierta la licitación.
De los dos suelos, el de mayor superficie permitiría levantar 160 viviendas, mientras que la segunda estaba destinada a una promoción de 39. En ambos casos, el proyecto contemplaba también los garajes vinculados a las viviendas.
El suelo forma parte del patrimonio municipal procedente de cesiones urbanísticas y se había puesto a la venta mediante un procedimiento abierto.
El Ayuntamiento había fijado un precio de salida conjunto de aproximadamente 2,95 millones de euros, después de aplicar una rebaja del 25% sobre la valoración técnica municipal.
En concreto, la parcela con capacidad para 160 viviendas partía de unos 2,55 millones de euros, mientras que la destinada a 39 viviendas tenía un precio de salida aproximado de 396.000 euros. A estas cantidades habría que sumar el IVA y los gastos derivados de la operación.
El concurso no se limitaba a seleccionar la oferta económica más elevada por el suelo. El criterio previsto era la mayor reducción del precio de venta por metro cuadrado de las viviendas protegidas y de los garajes respecto a los máximos establecidos por la normativa autonómica.
Como referencia, los pliegos manejaban un precio máximo de 2.280,62 euros por metro cuadrado para las viviendas de régimen general y de 2.012,31 euros por metro cuadrado para las de régimen especial. La propuesta ganadora debía comprometer una rebaja sobre esas cantidades.
Las condiciones de la enajenación establecían unos plazos concretos para evitar que el suelo permaneciera sin desarrollar. El adjudicatario habría dispuesto de dos años para solicitar la licencia de obras y de otros tres años adicionales para ejecutar y finalizar la promoción.