Las claves

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Operación de enorme valor estratégico en la Costa del Sol. La Junta de Andalucía acaba de activar el concurso mediante el que adjudicar a un operador privado la ocupación, explotación y gestión de la zona náutico‑recreativa del puerto de Estepona (Málaga).

De acuerdo con los datos recogidos en el pliego de condiciones que rige el procedimiento, la concesión inicialmente planteada es de 30 años, con posibilidad a incrementar el periodo a 35 años en función de la inversión que asuma el promotor.

Las empresas interesadas tienen hasta las 13:00 horas del 15 de septiembre para presentar sus ofertas.

A cambio de esta cesión del espacio, las empresas interesadas tendrán que asumir una inversión mínima obligatoria de 10 millones de euros para una concesión a 30 años. En el caso de que se opte a 35, deberá incrementar esa inversión a razón de un millón anual.

El adjudicatario estará obligado a ejecutar la inversión inicial en los primeros cuatro años de la concesión.

La iniciativa impulsada por la Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía (APPA) otorga a la mejor oferta económica presentada la mayor valoración, si bien se abre la puerta a posibles mejoras.

La Junta vincula esta operación al Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 2021‑2030 (PITMA) y a la Ruta Estratégica 2026‑2030 de los puertos autonómicos, que apuestan por un modelo landlord en el que la Administración conserva el control del dominio público y la iniciativa privada asume inversión y explotación bajo criterios de sostenibilidad, digitalización y economía azul.

​Qué se concede

El ámbito de la concesión abarca la totalidad de la zona náutico‑recreativa del puerto deportivo de Estepona, en su configuración actual. Incluye una superficie de terreno de 21.358 metros cuadrados y una lámina de agua de 35.978 metros cuadrados, con muelles de ribera, pantalanes, edificaciones y espacios de aparcamiento y uso público.

La infraestructura actual se compone de unos 425 metros de muelle de ribera en siete alineaciones, cinco pantalanes en la zona de levante (unos 500 metros de longitud total) y tres pantalanes en la zona de poniente (unos 240 metros).

En términos náuticos, el puerto ofrece hoy 447 puestos de atraque para embarcaciones de entre 6 y 35 metros de eslora: 15 amarres de hasta 6 metros, 211 de hasta 8 metros, 42 de hasta 10 metros, 86 de hasta 12 metros, 78 de hasta 15 metros, 7 de hasta 20 metros, 6 de hasta 25 metros y 2 de hasta 35 metros.

En la zona terrestre se incluyen edificios comerciales en los frentes de levante y poniente, una torre de control, aseos, terrazas y espacios de uso múltiple.

El ámbito integra además un aparcamiento de unas 272 plazas, sobre una superficie aproximada de 3.300 metros cuadrados. Las edificaciones que se entregan en dominio público son únicamente las grafiadas en la planimetría anexa al pliego, y su estado y características deben ser reconocidos y asumidos por los licitadores.

​Margen de mejora

En el plano económico, la APPA fija como referencia para 2026 una tasa anual por ocupación privativa del dominio público portuario de 561.533 euros y una tasa por aprovechamiento especial ligada a la facturación de 163.843,63 euros anuales.

Los licitadores pueden ofrecer un canon superior a esas cantidades mediante una mejora económica adicional, que se actualizará cada año y será uno de los criterios decisivos de la licitación, con hasta 35 puntos de puntuación total.

El futuro concesionario deberá, además, asumir el pago del IBI derivado del título concesional y de la tasa T‑5 por embarcaciones deportivas cuando proceda, actuando como sujeto pasivo sustituto que repercutirá el tributo en los usuarios de los amarres, y explotará la instalación a su riesgo y ventura, asumiendo con sus ingresos todos los costes de personal, mantenimiento, conservación, seguros, tributos y amortización de inversiones.

Para participar en el concurso se exige una garantía provisional de 200.000 euros. Si resulta seleccionado, el concesionario deberá aportar una garantía definitiva del 5% del presupuesto de las obras e instalaciones fijas, convertible después en garantía de explotación, porcentaje que la APPA puede elevar hasta el 10% según las circunstancias del proyecto.

Obligaciones urbanísticas

Los licitadores deberán acompañar su oferta de un Proyecto Básico de ordenación y remodelación de la dársena, de hasta 300 páginas, que defina con precisión las actuaciones propuestas sobre tierra y agua.

El pliego fija límites claros: no se puede ampliar el ámbito de concesión, ni aumentar la ocupación máxima de edificaciones, la superficie de techo o las terrazas respecto de la situación actual, ni incrementar la altura máxima de los edificios existentes.

La ordenación deberá ajustarse a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios aprobada el 12 de enero de 2026 o, como máximo, plantear una modificación no sustancial de la misma.

​Desde el punto de vista del servicio náutico, la concesión deberá garantizar al menos 140 atraques para embarcaciones de hasta 10 metros de eslora, con tarifas diferenciadas por tramos (6, 7, 8 y 9 metros), salvo que parte de estos amarres se sustituya por una marina seca con servicios equivalentes de izado, botado y estancia.

El abastecimiento de combustible a embarcaciones recreativas es un servicio obligatorio, así como la prestación de servicios básicos a tripulaciones (aseos, vestuarios, etc.).

​En el plano ambiental y de sostenibilidad, la Junta exige un Plan de Conservación, Mantenimiento y Limpieza de infraestructuras, redes, edificios, jardinería y explanadas, que deberá actualizarse periódicamente y someterse a auditorías técnicas externas cada cinco años.

El proyecto deberá integrar un Plan de Movilidad Sostenible intra-portuaria, orientado a reducir el tráfico rodado interno, impulsar aparcamientos disuasorios, mejorar la continuidad de los itinerarios peatonales y accesibles y fomentar el uso de modos de transporte más sostenibles.

Asimismo, se valorarán las propuestas que mejoren la resiliencia del puerto frente al cambio climático y a fenómenos extremos, incluyendo actuaciones sobre diques, pantalanes, calados, agitación interior y protección frente a temporales.

La integración puerto‑ciudad es otro eje central: se exigen medidas para mejorar la relación física y funcional entre la dársena, el paseo marítimo y el casco urbano, con especial atención a la continuidad de los espacios de ribera, la reducción de barreras y la diversificación de la oferta comercial y de ocio en equilibrio con el uso náutico.