Las claves
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En Málaga se proyectan casi 10.000 viviendas para 2025, pero solo 335 serán de protección oficial y ninguna en la capital.
La demanda de vivienda asequible supera ampliamente la oferta, según el Colegio de Arquitectos de Málaga.
La decana Susana Gómez de Lara pide un Pacto de Estado por la Vivienda y mayor implicación de los promotores privados.
Se reclama a las Administraciones reducir los plazos de licencias y agilizar la construcción para evitar sobrecostes.
Los promotores incrementan sus proyectos inmobiliarios en Málaga, pero solo una mínima parte son viviendas asequibles para la clase media.
El Colegio de Arquitectos de Málaga ha presentado este martes los datos de viviendas visadas y terminadas en la provincia en el año 2025.
En el caso de las viviendas visadas, es decir, aquellas que se prevén hacer a corto o medio plazo, el volumen está en una tendencia alcista. En 2025 los arquitectos visaron 9.475 viviendas en la provincia frente a las 8.902 de 2024, un 6,4% más.
Se ha conseguido dejar atrás los peores años de la pandemia en los que apenas se visaron 5.000 inmuebles en el año 2020 o 5.820 en 2021.
Esas 9.475 viviendas no son suficientes para atender la demanda que hay en estos momentos en Málaga, pero el sector está perdiendo el miedo.
Sin embargo, el dato más llamativo es que solo 335 son viviendas de protección oficial. Están repartidas en seis bloques ubicados en Marbella, Rincón y Algarrobo. Ni una en Málaga capital.
La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha dado una rueda de prensa para presentar los datos y ha sido clara: "Esta situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la provincia”, ha indicado.
El colectivo de los arquitectos no se suele morder la lengua y Gómez de Lara tampoco lo ha hecho. Ha pedido un Pacto de Estado por la Vivienda “que nazca del consenso entre los principales partidos políticos, esté coordinado con las comunidades autónomas y cuente con una dotación presupuestaria suficiente para hacer efectivo un derecho universal recogido en la Constitución”.
Susana Gómez de Lara en la rueda de prensa.
También ha reclamado un mayor esfuerzo a los promotores privados indicando que “aunque es obligación de la Administración pública promover la vivienda de protección oficial, los esfuerzos que pueda realizar no son suficientes si no cuentan también con el apoyo y la implicación activa de los promotores privados”.
Respecto a la oferta de vivienda, ha subrayado que es "insuficiente" y exige a las Administraciones que se pongan las pilas para “reducir los plazos de tramitación de las licencias de obra y otras autorizaciones administrativas para acelerar la construcción de viviendas y evitar los sobrecostes derivados del incumplimiento de los plazos que marca la Ley”.