La Universidad de Málaga elimina el límite de convocatorias para superar asignaturas y regula el uso de la inteligencia artificial en la evaluación.
El nuevo reglamento unifica normas anteriores y reduce el mínimo de créditos necesarios para la permanencia en los estudios.
Se establece la evaluación continua como modalidad general y se detallan las condiciones para la evaluación compensatoria y el uso de IA.
El profesorado mantiene la responsabilidad exclusiva de la evaluación y se crean mecanismos para detectar posibles fraudes relacionados con la IA.
La Universidad de Málaga (UMA) ha dado luz verde a un nuevo marco normativo que reordena de arriba abajo la forma en que se evalúa y califica a su alumnado de grado y máster.
El Reglamento 8/2026, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de julio y publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la institución, sustituye a dos normativas que hasta ahora funcionaban por separado desde 2011 y 2022.
Según explica el propio texto, la convivencia de las antiguas normas de progreso y permanencia con la normativa de evaluación de los aprendizajes generaba problemas de aplicación, especialmente en cuestiones como el número de convocatorias, que aparecía regulado dos veces con distintos matices.
La nueva disposición unifica ambos regímenes en un único cuerpo normativo, estructurado en siete títulos que van desde las guías docentes hasta el papel de la inteligencia artificial en las aulas.
El reglamento se ampara en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), y llega tras un proceso de participación con toda la comunidad universitaria, según se recoge en su preámbulo.
La Universidad reconoce que las antiguas exigencias de permanencia acababan chocando con la realidad social del estudiantado y frustrando su continuidad en los estudios. El nuevo texto reduce el umbral de rendimiento mínimo en primer curso a 12 créditos superados para los estudiantes a tiempo completo (6 para los de tiempo parcial), y contempla vías de recurso, como solicitar el cambio a otra titulación o pedir una segunda oportunidad de matrícula en la misma carrera.
El reglamento consagra la evaluación continua como modalidad general para todo el estudiantado, en línea con lo que ya establece la LUPA como derecho reconocido.
Ninguna actividad evaluable podrá pesar, por sí sola, más del 70% de la nota final, y todo sistema de evaluación continua deberá incluir al menos una actividad con función formativa que ofrezca retroalimentación al alumnado antes de la calificación definitiva.
Junto a este modelo general, se mantienen dos vías especiales: la evaluación única final (un solo examen que valora el 100% de la asignatura, reservado sobre todo para segundas convocatorias y extraordinarias) y la evaluación por proyectos.
La norma fija en dos las convocatorias ordinarias por curso y asignatura, y mantiene la convocatoria extraordinaria para quienes ya hayan cursado la materia previamente.
Asimismo, el nuevo reglamento aclara que no existe un número máximo de convocatorias para superar una asignatura a lo largo de toda la carrera, por lo que el estudiantado podrá presentarse tantas veces como necesite.
También se regula con detalle la llamada evaluación compensatoria, un mecanismo excepcional para aprobar administrativamente una asignatura con nota de 5 cuando resten pocos créditos para acabar la carrera, siempre que se cumplan requisitos estrictos: haberse presentado al menos cuatro veces, tener superado el 60% de los créditos de la titulación o no haber agotado ya este recurso en otra ocasión, entre otros.
Este mecanismo no podrá usarse en prácticas externas, trabajos fin de grado ni en asignaturas consideradas esenciales para el ejercicio de profesiones reguladas.
El nuevo texto dedica un título completo a la integridad académica. Se detallan los comportamientos que constituyen fraude, como es el caso de la suplantación, copia sin citar y presentar como propio un trabajo ajeno.
Por primera vez, la Universidad regula expresamente el uso de la inteligencia artificial en la evaluación. El reglamento reconoce el derecho de estudiantes y profesorado a emplear estas herramientas como apoyo, siempre que su uso sea transparente y no sustituya la elaboración personal exigida.
El texto es igual de claro en la dirección contraria: ninguna calificación podrá basarse exclusivamente en resultados generados por una IA, y la responsabilidad última de evaluar seguirá recayendo siempre en el profesorado, que no podrá delegarla en sistemas automatizados.
Para los casos de sospecha fundada de fraude vinculado al uso de estas tecnologías, se crea un procedimiento de "prueba de autoría", en el que el estudiantado deberá demostrar la autenticidad de su trabajo, aunque la carga de probar el fraude recaerá siempre sobre el profesorado.
El reglamento ya está en vigor, aunque las guías docentes ya aprobadas para el curso 2026/2027 mantendrán su validez durante ese año, y tanto las nuevas normas de progreso como los requisitos de la evaluación compensatoria no se aplicarán hasta el curso 2027/2028.