El Ministerio de Transportes ha dado un nuevo paso para ampliar y remodelar el peaje troncal de Manilva en la autopista AP-7.
El proyecto afecta al tramo Estepona-Guadiaro y ha sido aprobado provisionalmente, abriéndose un periodo de información pública para alegaciones.
La ampliación implica la expropiación de 4.519 m² de una finca de pastos y otra parcela de 45 m², ambas en el término municipal de Manilva.
La concesionaria deberá presentar una versión corregida de la documentación técnica antes de la aprobación definitiva del proyecto.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para la ampliación y remodelación del peaje troncal de Manilva, en la Autopista de la Costa del Sol (AP-7).
La Dirección General de Carreteras ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción y ha ordenado someterlo a información pública, un trámite previo a su aprobación definitiva que permitirá avanzar en la ejecución de las obras.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, afecta al denominado Proyecto de construcción de la ampliación y remodelación del área de peaje troncal de Manilva de la Autopista de la Costa del Sol. Tramo: Estepona-Guadiaro, gestionada por la sociedad concesionaria Autopista del Sol, CESA.
Con esta decisión se abre un periodo de 15 días hábiles para que los propietarios de los terrenos afectados puedan presentar alegaciones, corregir posibles errores en la relación de bienes y derechos o formular oposición a la ocupación prevista, conforme a la legislación de expropiación forzosa.
Dos fincas afectadas
La documentación recoge la relación de bienes necesarios para ejecutar la actuación, que afecta a dos parcelas situadas en el término municipal de Manilva.
En concreto, el proyecto prevé la expropiación de 4.519 metros cuadrados de una finca destinada a pastos, además de otra parcela de 45 metros cuadrados, también de uso rural.
El Ministerio recuerda que, una vez el proyecto obtenga la aprobación definitiva, esta llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos afectados, habilitando el procedimiento expropiatorio previsto en la normativa.
La resolución de la Dirección General de Carreteras no supone todavía la autorización definitiva del proyecto. De hecho, exige a la concesionaria presentar una versión corregida de la documentación técnica correspondiente al anejo de estructuras, incorporando la firma de sus autores y la acreditación del cumplimiento de la normativa aplicable.