El Ayuntamiento de Coín transforma un sector destinado a viviendas en un nuevo polígono industrial de más de 70.700 metros cuadrados.
La iniciativa responde a la escasez de suelo industrial en el municipio y busca aprovechar la ubicación estratégica de Coín en el área metropolitana de Málaga.
El proyecto prevé más de 300 plazas de aparcamiento público y más de 7.700 metros cuadrados de zonas verdes y parques.
La inversión total superará los 8,5 millones de euros y se estima que la venta de parcelas industriales generará ingresos superiores a 10,3 millones.
Coín quiere fortalecer su posición como polo empresarial de la comarca del Guadalhorce.
Y con este objetivo, el Ayuntamiento de la localidad ha dado el primer paso para transformar un amplio sector urbanizable pensado hace años para viviendas en un gran desarrollo industrial de más de 70.700 metros cuadrados.
Una operación con la que busca responder a la falta de parcelas para empresas y aprovechar la ubicación estratégica del municipio dentro del área metropolitana de Málaga.
En esta estrategia, el Pleno municipal ha aprobado inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá transformar un sector concebido originalmente para uso residencial en una nueva área empresarial de más de 70.700 metros cuadrados.
La actuación afecta al sector SUNP-2, situado en la zona de Cantarranas y rodeado por varios polígonos industriales ya consolidados. La propuesta plantea cambiar su uso principal de residencial a industrial y crear el nuevo sector SUPI-7, que pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.
La modificación, promovida por las sociedades Proinco y Cimacharca, contempla una superficie total de 70.762 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de unos 35.386 metros cuadrados de techo para actividades industriales.
La documentación urbanística justifica la operación por la escasez de parcelas industriales disponibles en el municipio y por la ubicación estratégica de Coín dentro del área metropolitana de Málaga.
Los redactores del documento consideran que mantener el uso residencial previsto en el planeamiento original carece actualmente de sentido, dado que el ámbito se encuentra alejado del núcleo urbano y rodeado por actividades productivas. De hecho, destacan que la demanda de suelo industrial es elevada mientras que la oferta existente resulta prácticamente inexistente.
La propuesta también subraya el potencial logístico de Coín gracias a su conexión con las principales carreteras de la provincia, circunstancia que favorecería la implantación de nuevas empresas y la generación de empleo.
Más de 300 plazas de aparcamiento y zonas verdes
La ordenación contempla más de 10.500 metros cuadrados destinados a dotaciones públicas y zonas libres, superando los mínimos exigidos por la normativa.
Entre ellas destacan más de 7.700 metros cuadrados de parques y jardines, concebidos como un colchón verde entre las futuras instalaciones industriales y otros equipamientos previstos en el entorno.
Asimismo, se proyectan 304 plazas de aparcamiento público, muy por encima de las 177 exigidas legalmente, con el objetivo de aliviar los problemas de estacionamiento que sufren algunos de los polígonos cercanos.
El estudio económico incluido en la innovación urbanística calcula que la urbanización del futuro polígono requerirá una inversión de casi 3,85 millones de euros.
A esta cantidad se suma una valoración del suelo próxima a los 3,9 millones, elevando la inversión total de la actuación por encima de los 8,5 millones de euros.
Según las estimaciones recogidas en el documento, la comercialización de las parcelas industriales podría generar ingresos superiores a los 10,3 millones, arrojando un margen positivo cercano a los 1,9 millones de euros, equivalente a aproximadamente un 22% de la inversión.
Evaluación ambiental
La innovación urbanística se encuentra ahora en fase de información pública durante 45 días hábiles y deberá completar la correspondiente evaluación ambiental estratégica ordinaria antes de poder obtener la aprobación definitiva.
Una vez concluida la tramitación, los promotores dispondrán de un plazo de seis meses para redactar tanto el proyecto de reparcelación como el de urbanización, documentos necesarios para poner en marcha el desarrollo efectivo del nuevo sector industrial.