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María es la malagueña que, tras más de un año de lucha en los tribunales, ha sido capaz de torcer la voluntad del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Diagnosticada con esclerosis múltiple remitente a mediados de 2021 y con la baja por incapacidad absoluta en marzo de 2023, recuerda con dolor el día en que recibió la resolución en el que la Seguridad Social le daba el alta por curación.

"Cuando me mandaron el certificado digital en el que decían que me daban el alta por curación me dio mucha pena, porque ellos fueron los que me dieron la baja sin haberla pedido", reflexiona.

Tras esa decisión, tuvo que cerrar su empresa y cesar todas las actividades que le proporcionaban ingresos. "No es solo el dolor físico de la enfermedad, es todo el dolor emocional. Te dan el alta por una curación, que sabes que no existe, y encima todos los meses te tienes que enchufar a una máquina durante horas", destaca.

"Fue un palo; lo he pasado bastante mal. Creo que ha sido incluso peor que cuando me enteré de que tenía esclerosis múltiple”, añade.

Antonia describe cómo se sintió atrapada en una situación absurda. "Cuando te enteras de que tienes esclerosis múltiple dices: 'bueno, tengo fisioterapia, tengo tratamiento…' Pero yo lo he tenido que abandonar todo", explica.

"Me he sentido como una marioneta. Ahora no puedes trabajar, ahora sí. Hacen lo que ellos dicen, cuando ellos te dicen, y, además, es mentira, porque sigues mala, sigues necesitando fisioterapia, sigues necesitando tratamiento", afirma.

El impacto económico fue igualmente severo. Antonia tuvo que abandonar la fisioterapia por su empeoramiento y por problemas económicos, y confiesa que no compraba todos los medicamentos que necesitaba, como los de fibromialgia, “porque eran ciento y pico euros todos los meses y, claro, si tienes la incapacidad te los dan, si no, no”.

"Me he sentido vapuleada. Ya no es solo que te encuentres mal, sino que tampoco tienes apoyo ninguno", añade.

Después de más de un año de baja, el médico que le hizo la revisión determinó que debía declararse su incapacidad física para poder trabajar, especialmente porque la enfermedad debilitaba sus defensas y desaconsejaba el contacto con personas enfermas.

"Lo de la incapacidad absoluta fue un rollo porque estaba cobrando menos que trabajando. Era un tiempo en el que tenía varias vías de ingreso y tuve que parar todo lo que estaba haciendo", recuerda.

Incluso cuando contaba con incapacidad absoluta, Antonia tuvo que pagar de su bolsillo la fisioterapia, "porque la Seguridad Social no lo asume cuando se trata de una enfermedad que no tiene cura".

"Aquello se me hizo muy duro, muy cuesta arriba, porque es muy feo estar en el hospital y saber que todos los meses de tu vida tienes que ir. Cogí hasta depresión", confiesa.

Su sorpresa llegó un año después de haber sido declarada con incapacidad absoluta: "Me dijeron que me había curado", recuerda con incredulidad.

Finalmente, la Justicia le ha dado la razón. Antonia podrá cobrar la pensión acumulada desde la decisión errónea de la Seguridad Social, aunque se ve obligada a devolver una ayuda percibida durante los meses en los que estuvo dada de alta.