A la espera de las ansiadas obras con las que ampliar la capacidad de las carreteras, caso de la ronda que une Málaga capital con la zona oriental de la provincia, o de avanzar en el tren de la Costa del Sol, la ampliación del aeropuerto se ha convertido en la única gran operación de la que puede presumir el Gobierno de España en la provincia de Málaga.
Incluso, pese a que su desarrollo, que puede llegar a suponer una inversión de 1.500 millones de euros, será acometido por Aena, una entidad mixta, en la que el capital público se da la mano del privado.
Sea como fuere, son muchos los años en los que el crecimiento exponencial de los pasajeros que pasan por las actuales instalaciones del aeródromo han provocado una demanda social e institucional para poner en marcha la maquinaria y agrandar el traje del aeropuerto de la Costa del Sol.
Frente a estas voces, hay algunos expertos que ponen en duda la oportunidad. No porque no sea necesario ampliar la terminal, sino porque esta macrooperación, de momento, no parece ir acompañada de otras intervenciones indispensables para garantizar el flujo adecuado de los potenciales pasajeros que estarían por llegar.
Es el caso de Luis Cepedano, una de las grandes figuras en la ingeniería y el urbanismo de Andalucía. Este ingeniero de Caminos, que viene desarrollando su labor al frente de CAI Consultores desde hace años, abre el debate sobre el desarrollo de la gran obra pretendida en el aeródromo.
"¿Para qué queremos pasar de 24 a 36 millones de pasajeros si no tenemos ni movilidad por carretera ni por ferrocarril?", se pregunta Cepedano, quien desde hace meses viene reflexionando sobre el enorme problema de infraestructuras que presenta la Costa del Sol.
Justamente, este es uno de los argumentos de peso que emplea para lanzar la pregunta. "Es necesaria una reflexión sobre adónde queremos ir", señala.
En relación con el aeropuerto, Cepedano recuerda haber asistido al acto en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de "vendernos todas las inversiones que iba a hacer el ministerio".
"Me quedé sorprendido. La primera inversión que iban a hacer son los 1.500 millones de euros en el aeropuerto, que no es inversión del Gobierno central, sino de AENA, que es una empresa privada, aunque tenga mayoría estatal", apunta.
Para este experto, tendría más lógica aprovechar estos fondos, en el supuesto de que todos fuesen públicos, para responder a algunos de los grandes problemas de la provincia: vivienda asequible, mejoras de la movilidad, liberar el peaje de la autopista…
Una opinión parecida es compartida por Carlos Miró, otro de los grandes ingenieros de Málaga, quien viene defendiendo desde hace meses la necesidad de avanzar en operaciones pendientes como el acceso norte y la mejora de los Cercanías.
"Proyectar un aeropuerto para 35 millones de viajeros sin asegurar el cumplimiento de objetivos territoriales necesariamente vinculados a su actividad provoca cierta desazón", admite.
Falta de infraestructuras
La reflexión verbalizada por Cepedano y Miró se produce en un contexto claro. Si bien es cierto que el crecimiento de pasajeros es considerable, en especial desde la pandemia de la Covid, también lo es que las infraestructuras puestas a disposición de estos viajeros para desplazarse por la provincia son las mismas que hace décadas.
En materia ferroviaria, la única opción que hay a las puertas del aeródromo es el tren de Cercanías, que si bien permite llegar hasta casi el Centro de Málaga, ve amputado su recorrido en la otra dirección, hacia la Costa del Sol Occidental. Por más que los usuarios quieran llegar a Marbella, no podrán hacerlo, ya que el trazado muere en Fuengirola.
Y si de carreteras se trata, hay que recordar que el único enlace directo con el aeródromo, quitando la antigua N-340, es el acceso sur, inaugurado en marzo de 2014. Por el contrario, sigue escondida en el cajón la apuesta del Gobierno por construir el acceso norte, que permitiría unir el aeropuerto con la hiperronda.
El bloqueo que sufre esta actuación es ciertamente alarmante. Más aún cuando ya en marzo de 2018, el Gobierno, en aquel entonces con el PP al frente, adjudicó a la empresa Acciona su construcción.
El contrato acabó siendo anulado debido a los ajustes que se plantearon en el trazado de la vía. Este escollo ha hecho que siete años y medio después, el acceso siga sin ser realidad.
No fue hasta octubre de 2022 cuando Transportes contrató la redacción del nuevo proyecto constructivo. Hubo que esperar al pasado mes de mayo para saber que el documento había superado el informe ambiental, hito clave para avanzar. Por el momento se sigue a la espera del impulso definitivo.