Sin garantía alguna sobre la capacidad del Gobierno de España de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que está obligando a prorrogar las cuentas desde hace varios ejercicios, y en una evidente situación de inestabilidad política, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aterrizó este jueves en Málaga para anunciar una lluvia de millones.
Puente, que en los años que lleva al frente del ministerio no ha pisado tierras malagueñas para presentar un solo proyecto, optó por aprovechar un foro informativo de un periódico local para desvelar los planes de su departamento en la provincia.
De acuerdo con los compromisos adquiridos, que entran en conflicto con los hechos demostrados hasta la fecha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el monto de los esfuerzos a realizar en los próximos mandatos (todos ellos exceden con mucho el actual periodo legislativo) rondará los 2.000 millones de euros.
El que adquiere un protagonismo mayor es la apuesta ya anunciada por responder a las necesidades casi inmediatas del aeropuerto de la Costa del Sol.
Después de que Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) pusiese sobre la mesa su apuesta para ampliar las instalaciones, casi duplicando la superficie actual y garantizando el funcionamiento para hasta 36 millones de viajeros, el ministro puso números a la operación: 1.500 millones de euros.
Pero no es el único. Para sorpresa de muchos, Puente desveló su intención de resucitar un proyecto que estaba enterrado y más que enterrado desde hace una década: el anillo de pruebas en Antequera.
Esta iniciativa, que ahora quiere rescatar del olvido el ministro, ya fue protagonista de un anuncio similar en el año 2011. Por aquel entonces, el Gobierno central, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, se comprometió a llevar adelante la construcción de un gigantesco anillo ferroviario, valorado en unos 400 millones de euros.
Tras sufrir no pocos contratiempos y toparse de lleno con la Unión Europea, que financiaba buena parte de las operaciones, casi cuatro años y medio después la ilusión quedó desvanecida y el proyecto se diluyó por completo.
Pese a los anuncios, la realidad es que solo se invirtieron 18 millones de euros con escasa o nula utilidad. De esa suma, unos 13 millones fueron destinados a la construcción de una nave por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Se suponía que esa era la primera piedra del gran circuito.
El anillo antequerano no pasó de ser más que una quimera. Ya fuese con el PSOE, creador de la iniciativa, o con el PP, que le dio continuidad hasta que tuvo que ser abandonado.
La muerte del proyecto que ahora trata de recuperar Puente quedó oficializada en marzo de 2016, cuando el proyecto se quedaba sin el dinero inicialmente asignado por la Unión Europea.
253 millones de euros que se pidieron para este fin y que, de haberse actuado con diligencia, podría haberse aprovechado para otras iniciativas con más futuro. Enterrado el fondo comunitario, el Ejecutivo central dio por cancelada la infraestructura.
Los estudios iniciales de ese gran anillo ponían en valor el peso de la inversión programada. Los 400 millones de euros estimados iban a permitir crear del orden de 11.000 puestos de trabajo.
La puntilla la acabó poniendo la ausencia de interés privado por construir y explotar comercialmente tan magna infraestructura. Así quedó demostrado cuando Adif convocó un concurso para ir adelante con la infraestructura. El intento quedó desierto.
Ni una sola empresa se interesó por contemplar las condiciones marcadas por el Gobierno. Aseguraron en aquellos días que las exigencias de canon hacían inviable que saliese adelante el proyecto de colaboración público-privada.
Acabó siendo la Unión Europea la que apuntaló la defunción. Lo hizo a principios de 2015, tiempo después de que abriese una investigación en relación con los efectos ambientales de la actuación y de que exigiese más datos al Gobierno, con el fin de garantizar que la infraestructura a financiar con los fondos comunitarios no entraban en competencia con otros anillos europeos de capital privado.
La Comisión Europea acabó determinando que la infraestructura no era suficientemente solvente ni competitiva como para recibir el 100% de dinero público.
El Gobierno de aquellos años ’vendió’ que este centro de pruebas ferroviario iba a ser el más moderno y rápido del mundo, compitiendo directamente con otros ya existentes en Japón, China, Rusia, República Checa, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Incluso, desde la Administración central afirmaban que en las instalaciones antequeranas se iban a poder acometer pruebas a entre 480 y 500 kilómetros por hora de velocidad máxima. Para hacerlo realidad se necesitaba la expropiación de 4,5 millones de metros cuadrados.
Queda ahora por ver si, como ha avanzado Puente, el Gobierno es capaz de resucitar el muerto del anillo ferroviario de Antequera.