No todos los proyectos de generación de energías renovables tienen el camino expedito en la provincia de Málaga. Acostumbrados en los últimos tiempos a que cualquier iniciativa empresarial que tengan por objeto la construcción de un parque solar reciba luz verde, llama la atención ahora la negativa de la Junta de Andalucía a autorizar tres ambiciosos proyectos de plantas eólicas.

La decisión adversa adoptada por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha reflejado en la emisión de tres informes vinculantes desfavorables a efectos ambientales a estas iniciativas, denominadas Cebadera Wind, Cordel Wind y Fuenteungrillo Wind.

La materialización de estas actuaciones, planteadas en el entorno de la comarca de Antequera, iba a sumar una potencia combinada de 117,8 MW y la instalación de 19 aerogeneradores de hasta 200 metros de altura de punta de pala.

Los informes, de carácter vinculante, concluyen de manera unánime que los proyectos implican "afecciones muy significativas a la fauna silvestre, especialmente la amenazada, y provocan afecciones a la biodiversidad que los hacen inviables".

Los motivos se centran en dos impactos principales:

Riesgo de mortalidad directa

La principal preocupación es la colisión de aves y quirópteros (murciélagos) con las palas de los aerogeneradores, cuya envergadura de rotor alcanza los 170 metros.

Esta mortalidad es calificada de "elevada" y afecta a especies altamente vulnerables y en peligro. Entre las aves en riesgo mencionadas en los informes se encuentran:

• El alimoche (Neophron percnopterus), clasificado "En Peligro de Extinción" en Andalucía, que usa la zona como área de alimentación, campeo y dispersión, a pesar de que su nidificación más cercana se encuentre a unos 20 km. Los datos de radiomarcaje de ejemplares juveniles confirman su presencia recurrente en las inmediaciones de los aerogeneradores proyectados.

• El buitre moteado o de Rüppell (Gyps rueppellii), especie africana categorizada como "En Peligro Crítico" por la UICN, cuya presencia en la zona es cada vez más frecuente y es indicativa de la importancia del territorio para este grupo de aves necrófagas.

• El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), también "En Peligro de Extinción", con registros que refuerzan la utilización activa de la zona como corredor de vuelo.

• Otras rapaces como el águila perdicera (Aquila fasciata) catalogada como "Vulnerable", el águila real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), ambas en Régimen de Protección Especial. Se destaca la afección directa a 4 parejas reproductoras de águila perdicera y a 5 de forma indirecta, sumando 9 parejas afectadas.

• El cernícalo primilla (Falco naumanni), cuya siniestralidad en parques eólicos de la provincia ha registrado al menos 50 ejemplares desde 2009.

• Numerosas aves migratorias planeadoras como la cigüeña blanca, águila calzada, milano negro, entre otras, que atraviesan la zona en su ruta entre África y Europa, encontrando los aerogeneradores en su altura de vuelo de máxima peligrosidad.

Merma de la conectividad ecológica y efecto barrera

Los proyectos se localizan íntegramente en el Área Prioritaria de Intervención (API 6) "Corredor de Colmenar", subzona "Pasillos intramontanos".

Esta es una zona considerada clave para el tránsito, migración y dispersión de especies silvestres en la región.

La acumulación de estas nuevas infraestructuras, junto con las ya existentes, incrementaría un efecto barrera significativo, comprometiendo la continuidad de la infraestructura verde regional y los intercambios genéticos entre poblaciones.

A pesar de que los proyectos de energía renovable son considerados de "interés público superior" y se les debe dar prioridad, la Consejería ha determinado que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas por los promotores son "totalmente insuficientes" para mitigar los impactos residuales.

Se ha aplicado el principio de jerarquía de mitigación y los principios de prevención y cautela, ya que se estima que ciertos efectos serían irreversibles y conducirían a una "pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación".

Los informes también recogen las alegaciones formuladas por asociaciones ecologistas y más de ochocientas personas físicas, que han sido tenidas en cuenta durante la evaluación ambiental.