El Juzgado de lo Social 4 de Málaga ha emitido una sentencia mediante la que concede una incapacidad permanente total a un trabajador auxiliar educativo. El fallo judicial, fechado el pasado 18 de febrero, estima la demanda presentada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, al que condena pagar una pensión vitalicia al afectado, así como a la Tesorería de la Seguridad Social.
Conforme al contenido del texto final, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la cuantía a abonar es equivalente al 55% de una base reguladora de 1.700,64 euros. En el documento se precisaba la posibilidad de presentar recurso contra la decisión.
La conclusión se alcanza tras revocar la resolución adoptada el 9 de marzo de 2023 por el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que aceptaba la propuesta realizada por el Equipo de Valoración de Incapacidades. La misma consistía en denegar la calificación del trabajador como incapacitado permanente, "por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral".
Frente a este argumento, el juzgado es contundente, al entender que "la patología psíquica y su evolución desfavorable determinan la declaración del actor en situación de incapacidad permanente total al implicar su profesión muy altos requerimientos de comunicación y atención al público, y elevados en materia de toma de decisiones. En este sentido, el cuadro de ansiedad y depresión que padecía el actor en marzo de 2023 derivó a trastorno ansioso depresivo con ideación autolítica".
Desde el despacho de abogados Pareado Asesores, que ha estado al frente de la reclamación, el fallo avala la posición de un trabajador, "cuyas lesiones físicas y psíquicas le llevaron a tres intentos de suicidio".
El bufete precisa en una nota informativa que la incapacidad ahora reconocida le fue denegada durante dos años por parte de la Seguridad Social. "Por los efectos de un estrés postraumático después de un accidente, se agravaron las dolencias de ciática y discopatía lumbar; solicitando desde entonces la incapacidad por su considerable limitación orgánica y funcional para andar, atender las necesidades de su puesto, ofrecer servicio con normal rendimiento a sus usuarios", explican los abogados, que subrayan que estas limitaciones le provocan "un trastorno ansioso depresivo que le incapacita aún más".
A juicio de Alberto Peyrona, abogado encargado del caso, lo ocurrido pone en evidencia que la salud mental toma cada vez más fuerza a la hora de enfocar una situación de incapacidad en la jurisdicción laboral.
"El estrés, la ansiedad y la depresión se están convirtiendo en factores que agravan las limitaciones físicas y que merman en gran medida la calidad de vida de las personas afectadas. Con tres intentos de suicidio, este caso podía haber tenido este desenlace mucho antes", ha afirmado.
El afectado y su equipo jurídico esperan que no haya recurso por parte de la Seguridad Social. No obstante, avanzan que la sentencia será recurrida en suplicación, toda vez que las patologías del cliente justifican, sin género de dudas, la incapacidad permanente absoluta.