Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente,llevaron a cabo a lo largo de 2024 la operación 'Murus', en la provincia de Málaga. La investigación se ha saldado con 60 personas investigadas.
El objetivo de esta operación ha sido frenar los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, protegiendo así el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, además de garantizar un desarrollo urbanístico sostenible en la provincia, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Entre los 60 investigados hay promotores, constructores y técnicos directores, a quienes se les atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio por la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en distintos municipios. En total, los agentes han detectado 58 delitos urbanísticos y han remitido las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Durante la operación, se han llevado a cabo 166 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, en las que se han identificado 254 infracciones administrativas, muchas de ellas por falta de licencia urbanística, incumplimiento del proyecto aprobado o movimientos de tierras no autorizados. Estas denuncias han sido trasladadas a los ayuntamientos correspondientes, responsables de tramitar los expedientes sancionadores en materia urbanística.
Entre las irregularidades detectadas destacan la construcción ilegal de viviendas en suelo rústico, algunas en espacios protegidos; la instalación de casas prefabricadas con fines residenciales sin autorización; la construcción de piscinas disfrazadas de albercas de riego; la edificación de barbacoas recreativas sin justificación y la conversión de naves agrícolas en viviendas sin los permisos adecuados.
En la investigación han colaborado los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como los Servicios Técnicos de los ayuntamientos afectados, que han certificado la clasificación del suelo y la ilegalidad de las construcciones detectadas.