Los 103 municipios de la provincia de Málaga y las dos entidades locales autónomas recibieron durante el año pasado casi 119 millones de euros transferidos por la Diputación de Málaga. Así lo ha asegurado el presidente de la institución, Francisco Salado, que ha resaltado que esta cantidad es la cuarta parte del presupuesto de la institución provincial de 2024.
Los 118,8 millones de euros se han repartido a través de la Concertación, de los planes de asistencia económica municipal, de actuaciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), así como de subvenciones directas para la ejecución de proyectos planteados por los municipios.
Del mismo modo que la mayoría de este dinero ha llegado a pueblos menos de 20.000 habitantes. En concreto, Salado ha explicado que los 86 municipios menores de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar) han recibido 91,1 millones de euros, lo que supone un 76,5% de las transferencias totales.
En este sentido, Salado ha señalado que esta es “una muestra clara de que somos la administración más inversora en los municipios, de nuestra defensa de la autonomía local y de nuestro apoyo a los pueblos y ciudades de la provincia, que se traduce en inversiones y en actuaciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”.
De igual forma, ha hecho hincapié en que esta transferencia "refleja que estamos volcados con los pueblos más pequeños de la provincia, que son nuestra prioridad y que nos centramos en su mejora". Eso sí, ha añadido que no se olvidan del "resto de municipios, porque todos los proyectos que se acometen en todas las localidades de la provincia acaban beneficiando a toda la ciudadanía, vivan en los pueblos más pequeños o en ciudades con más habitantes”.
Retraso en el reparto de la PIE
Por otro lado, el presidente de la Diputación ha indicado que las transferencias a los municipios podrían haber sido aún mayores y, sobre todo, que ya podrían estar preparándose nuevas inyecciones económicas de este año a los municipios si el Gobierno central cumpliera sus obligaciones.
En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Hacienda aún no ha concretado la cuantía de la liquidación de 2023 de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), un recurso financiero del Estado destinado a las administraciones locales.
“La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que esmerarse y centrarse en sus obligaciones, porque este retraso en la liquidación de la PIE perjudica negativamente a los municipios”, ha lamentado.
Igualmente, Salado también se ha referido a que tampoco hay constancia sobre cuál será la actualización de la PIE para 2025, lo que ha impedido incluir en el presupuesto de la Diputación de este año esa previsión.
“Ese retraso en la liquidación y esa falta de actualización de la PIE supone un montante muy importante, en torno a 50 millones euros. No podemos estar preparando más transferencias a los ayuntamientos ni planificando más inversiones por culpa de esa dejación del Gobierno central, que vuelve a demostrar su incapacidad, lo que al final va en detrimento de la ciudadanía”, ha insistido.